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Crea el Colegio Profesional de Economistas de Asturias a partir de la fusión del Colegio de Economistas de Asturias y del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Asturias. Regula la colegiación, el ámbito territorial asturiano y las relaciones con las Administraciones públicas.

Crea el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Alicante y el Ilustre Colegio Oficial de Economistas de Castellón, que resultan de la fusión de los colegios de economistas y de titulares mercantiles de cada provincia. Regula su ámbito territorial y personal, sus funciones y su relación con la Generalitat.

Aprueba el nuevo Estatuto General de la Abogacía Española, que sustituye al de 2001. Regula la profesión de abogado: colegiación, ejercicio, incompatibilidades, secreto profesional, honorarios, formas de ejercicio, deontología, formación y organización colegial.

Aprueba los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI). Regula su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, régimen económico, honorarios, régimen disciplinario y código de conducta.

Establece las bases para conceder subvenciones públicas destinadas a formación en la metodología BIM (modelado digital de información para la construcción) aplicada a la contratación pública. Regula quién puede solicitarlas, cómo se conceden, qué gastos se cubren y cómo se justifican.

Modifica la Ley 11/2002 que regula los colegios profesionales y los consejos de colegios en Extremadura. Actualiza su régimen jurídico para adaptarlo a la normativa estatal y europea sobre libre acceso a los servicios. Regula aspectos como la memoria anual, el servicio de atención a colegiados y consumidores, el visado y la igualdad de trato.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de prevención de riesgos y seguridad minera. Las ayudas van a empresas (inversión material) y a entidades sin ánimo de lucro (formación). Su fin es reducir la siniestralidad en la minería en España.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Modifica la Ley 10/1999 de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha para adaptarla a la normativa básica estatal sobre colegiación y a la sentencia del Tribunal Constitucional 69/2017. Cambia, entre otros, el artículo 6 sobre quién puede ser admitido en un colegio profesional.

Regula la concesión directa de subvenciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana durante 2020 para políticas urbanas, arquitectura y edificación. Las ayudas financian actividades de entidades con convenios con el Ministerio, como ONU-Habitat, la Federación Española de Municipios y Provincias y el Instituto Juan de Herrera.

Establece medidas procesales y organizativas para la Administración de Justicia tras el estado de alarma por el COVID-19. Regula la tramitación de procedimientos, aspectos concursales y societarios, y el uso de medios telemáticos en los actos judiciales.

Aprueba los nuevos estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armas Navales, de ámbito nacional. Regula su naturaleza, fines, órganos de gobierno, régimen económico, colegiación, deberes y derechos de los colegiados y régimen disciplinario. Sustituye los estatutos de 1965 y los adapta a la legislación vigente.

Aprueba los nuevos Estatutos del Colegio Oficial de Ingenieros de Armamento y Material. Regula su naturaleza, fines, funciones, órganos de gobierno, régimen económico, colegiados y régimen disciplinario. Adapta la norma a la Ley de Colegios Profesionales y a la normativa de libre acceso a servicios.

Crea el Colegio Profesional de Periodistas de Cantabria como corporación de derecho público. Fija su ámbito territorial en Cantabria y remite su funcionamiento a la Ley de Colegios Profesionales de Cantabria y a sus propios estatutos.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar trámites en las administraciones públicas de las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Regula la intervención administrativa en actividades económicas, obras, ayudas y subvenciones, y medidas sanitarias y presupuestarias.

Regula la concesión directa de subvenciones al Consejo General de la Abogacía Española, al Consejo General de los Procuradores de España y al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos. Estas subvenciones financian la asistencia jurídica gratuita y la asistencia psicológica a víctimas de delitos durante el ejercicio presupuestario 2020.