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Establece las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación que deben cumplir los bienes y servicios a disposición del público para que las personas con discapacidad puedan acceder y usarlos en igualdad de condiciones. Regula obligaciones generales, ajustes razonables, atención al público y normas específicas por sectores.

España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir la doble incriminación para perseguir delitos de corrupción cometidos por españoles en el extranjero. La renovación vale tres años desde el 1 de agosto de 2022.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

Publica el Protocolo de Alertas Espaciales aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. El protocolo fija cómo se difunde la información de seguridad espacial, qué departamentos intervienen y cómo se avisa y evalúa el riesgo ante reentradas de objetos espaciales en áreas de soberanía o jurisdicción españolas.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

El Tribunal Supremo estima el recurso de la Confederación Nacional de la Construcción y anula un inciso del Real Decreto 855/2021 que modificaba el Estatuto de SEPES. El inciso anulado atribuía a SEPES la ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana y la reforma de espacios públicos e inmuebles públicos.

Modifica la Resolución de 2017 sobre el uso de la firma electrónica no criptográfica en las relaciones con la Administración General del Estado. Amplía su uso a todos los usuarios registrados en Cl@ve, no solo a los de nivel sustancial o alto. El órgano gestor de cada procedimiento fija el nivel mínimo de identificación exigido.

Modifica la estructura orgánica de los ministerios y del Ministerio de Trabajo y Economía Social. También ajusta la estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior. Con ello se reorganizan órganos y unidades de estos departamentos.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Aprueba las bases y abre la convocatoria de 2022 de subvenciones para que las entidades locales transformen digitalmente y modernicen sus administraciones. Está dirigida a las entidades locales que no presentaron proyectos en la convocatoria anterior por el importe máximo que tenían asignado.

Establece medidas para garantizar la protección integral frente a las violencias sexuales. Incluye prevención y detección en ámbitos educativo, sanitario, laboral y digital, formación de profesionales, asistencia integral a las víctimas y actuación policial y judicial.

Aprueba las bases para dar subvenciones a las entidades locales (ayuntamientos, diputaciones y otras) para digitalizar y modernizar su administración, y abre la convocatoria de 2022. Las ayudas financian la incorporación de tecnologías de la información, la digitalización de procedimientos y la gestión por medios digitales.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Establece las normas generales de la comunicación audiovisual en España: televisión, radio y plataformas de intercambio de vídeos. Regula los títulos para prestar estos servicios, el servicio público audiovisual, las obligaciones de los prestadores y el régimen sancionador.