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España renueva su reserva al Convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa. La reserva permite exigir que un hecho sea delito también en el país donde se cometió (doble incriminación) para perseguir a españoles por delitos cometidos en el extranjero. La renovación dura tres años desde el 1 de agosto de 2025.

Establece las bases para conceder subvenciones, en concurrencia competitiva, a proyectos que renaturalicen y restauren ecológicamente terrenos agrarios y forestales. La Fundación Biodiversidad gestiona estas ayudas, que buscan ecosistemas más ricos en biodiversidad y mejor adaptados al cambio climático.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Modifica las bases de las ayudas de la Línea FID para la Compra Pública de Innovación. Añade un apartado que permite reducir las intensidades de ayuda cuando el proyecto se considere generador de ingresos, según los criterios de la Autoridad de Gestión del programa FEDER. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local en 2025. La norma fija la cuantía, la entidad beneficiaria, los gastos subvencionables y el procedimiento de concesión, pago y justificación.

La ley regula la integridad pública en Castilla-La Mancha: fija reglas de incompatibilidades y conflictos de intereses para cargos públicos, crea una Oficina de integridad y registros de actividades y bienes, y establece un régimen de infracciones y sanciones.

Establece las bases para conceder subvenciones de la Fundación Biodiversidad, en concurrencia competitiva, destinadas a impulsar la infraestructura verde. Estas ayudas están cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Concede una subvención directa a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para financiar su plan de formación para el empleo del personal de la Administración local. La norma fija la entidad beneficiaria, el importe, el pago, las obligaciones y la forma de justificar el gasto.

Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Aprueba el nuevo Estatuto del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un organismo público independiente. El estatuto regula su naturaleza, fines, funciones, órganos, personal y régimen económico. Sustituye al estatuto aprobado en 2014.

La ley regula la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural de Castilla y León. Crea un censo de bienes, establece las categorías de Bien de Interés Cultural y Bien Inventariado, y fija el procedimiento para declararlos. También regula las autorizaciones para intervenir en esos bienes y el régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la norma que regula la elaboración de la Cuenta General del Estado. Cambia la fecha límite para integrar las cuentas anuales de las entidades: pasa del 6 de septiembre al 31 de julio del año siguiente. También exige enviar en ese mismo plazo la información complementaria y de consolidación.

Modifica varias leyes de Castilla y León para aplicar los presupuestos de 2024. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas y precios públicos, hacienda pública, personal de la administración, subvenciones, urbanismo, vivienda, medio ambiente, pesca, caza y régimen local. También crea una autoridad independiente contra la corrupción.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 3/2024 de la Junta de Andalucía, que adopta medidas de simplificación y racionalización administrativa y de impulso de la actividad económica. El recurso lo presentan más de cincuenta senadores del Grupo Parlamentario Socialista.