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Crea el Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana, un fondo de dinero para financiar a los municipios y entidades locales menores. Regula sus fines, las entidades que pueden recibirlo, cómo se reparte la cuantía y una comisión de colaboración y coordinación.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

La ley regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía. Establece cómo se clasifica el suelo (urbano y rústico), qué derechos y deberes tienen los propietarios, cómo se planifica y ejecuta el urbanismo y cómo se controla la edificación. También fija el régimen de disciplina y sanciones y medidas para edificaciones irregulares.

Establece medidas para tramitar más rápido los procedimientos administrativos de la Junta de Castilla-La Mancha relacionados con los fondos europeos de recuperación. Regula la organización de los órganos que los gestionan, la tramitación de convenios, subvenciones y contratos, el control del gasto y el refuerzo de personal.

Modifica la Ley 8/2015 de Cabildos Insulares para aclarar cómo se nombra a los titulares de los órganos directivos de los cabildos y qué condición tienen (cargo público). También deroga normas anteriores y fija cuándo entra en vigor.

La ley establece medidas para frenar la despoblación y desarrollar el medio rural en Castilla-La Mancha. Define qué zonas son rurales y cómo se clasifican según su población. Crea estrategias regionales y regula el acceso a servicios públicos en esas zonas.

La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

La ley establece medidas tributarias, financieras y administrativas para aplicar los presupuestos de Castilla y León de 2021. Modifica normas sobre tributos propios y cedidos, tasas, hacienda pública y organización administrativa, y regula la gestión de fondos europeos Next Generation EU.

La ley aprueba medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana para 2021. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, y modificaciones en normas sobre servicios sociales, vivienda, sanidad, agricultura, educación y sector público.

Modifica la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León para cambiar la regulación del servicio de teleasistencia que prestan las entidades locales. Establece un régimen transitorio para ese servicio y deroga las normas anteriores que se opongan.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entidades dependientes, regula las retribuciones del personal público y establece las normas de gestión, control y operaciones financieras.

Establece un régimen excepcional para el Fondo Canario de Financiación Municipal de 2020 y modifica la Ley Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. También deroga varias normas, entre ellas el artículo 80 de la Ley de Presupuestos de Canarias de 2019 y el Decreto ley 12/2020.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Modifica la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para elevar de 601 a 15.001 euros la cuantía mínima de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial que deben ser dictaminadas por el Consejo Consultivo. Incluye expresamente las reclamaciones tramitadas por las entidades locales.

Regula el Fondo de Cooperación Municipal de Cantabria, un fondo con el que la comunidad autónoma aporta dinero a los municipios. Establece quiénes pueden recibirlo, cómo se fija su dotación y con qué criterios se reparte entre los ayuntamientos.

Modifica el artículo 51 de la Ley de capitalidad de Palma para fijar los supuestos en que el defensor o defensora de la Ciudadanía cesa en el cargo antes de terminar su mandato. Estos supuestos son dimisión, inhabilitación o incapacidad firme, pérdida de la condición de vecino, condena por delito doloso firme, negligencia manifiesta apreciada por el Pleno y defunción.

Establece medidas fiscales, financieras, administrativas y de sector público para completar los presupuestos de la Generalidad de Cataluña de 2020. Crea y regula el impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente y modifica varios tributos propios y cedidos.

La ley cambia el nombre del municipio de Lumbreras, en La Rioja, que pasa a llamarse Lumbreras de Cameros. Las referencias al nombre anterior se entenderán hechas al nuevo. El cambio es efectivo desde su anotación en el Registro de Entidades Locales del Estado y su publicación en el BOE.

Modifica varias leyes de la Comunitat Valenciana en materias como tasas, igualdad, servicios sociales, vivienda, hacienda, justicia, sanidad, educación, economía, agricultura, territorio y transparencia. También reorganiza entes del sector público instrumental y crea el Observatorio Fiscal de la Comunitat Valenciana.