Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.

Sea notorio a todos los ciudadanos y ciudadanas que el Parlamento de Canarias ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que establece el artículo 47.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, promulgo y ordeno la publicación de la Ley 5/2020, de 11 de diciembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana.

PREÁMBULO

I

La pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 está provocando una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial, con unas consecuencias económicas y sociales de tal magnitud que tan solo una respuesta colectiva, consensuada y solidaria puede afrontar. Desde la declaración de la pandemia del COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, una serie de medidas de distinta naturaleza han sido adoptadas tanto por el Gobierno de Canarias como por el Gobierno de España con el fin de paliar los graves efectos que la misma está produciendo en el tejido económico y social, pero sin duda el Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias representa la piedra angular necesaria para afrontar el formidable reto colectivo en el que estamos sumidos, al que solo podremos enfrentarnos con una firme voluntad de unión y consenso.

Ciertamente, el impacto definitivo que acabe produciendo la actual situación de emergencia dependerá, en gran medida, del éxito en la movilización de recursos nacionales y de la Unión Europea y de una adecuada coordinación entre las políticas presupuestarias, monetarias, financieras y estructurales, incluyendo la flexibilización de las reglas fiscales recogidas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Sin embargo, pese al elevado grado de incertidumbre que aún persiste en cuanto a la profundidad de la crisis económica y la capacidad de respuesta comunitaria, el Gobierno de Canarias debe ir haciendo uso de aquellos instrumentos de los que dispone para mitigar las graves consecuencias de la misma, a las que la Hacienda Local no es ajena, siendo buena prueba de ello la elevada caída de los ingresos derivados del Bloque de Financiación Canario, que repercute de modo directo en los ingresos corrientes de todas las administraciones públicas canarias.

Con diversos antecedentes, que se apoyaban en el artículo 20 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, que concreta de manera efectiva el principio de coordinación interadministrativa en materia de financiación local y tras un largo proceso de debate institucional entre el Gobierno y la Federación Canaria de Municipios, se fraguó el proyecto normativo que dio origen a la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal. Este instrumento facilitó un sistema estable de financiación municipal que pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a nivel autonómico a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de suficiencia financiera (artículo 142 CE). Asimismo, su sistema de indicadores, obtenidos a través de la realización de auditorías de gestión, se ha erigido en un elemento muy relevante de análisis de la situación económica financiera municipal, introduciendo unos elementos de disciplina fiscal que encuentran un anclaje estatutario en el artículo 180 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre.