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El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 21/2026, de 25 de agosto, sobre transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. La derogación se aprueba conforme al artículo 86.2 de la Constitución y se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso del Sindicato de Interinos de Justicia en Acción contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobó la oferta de empleo público de estabilización en la Administración General del Estado. Anula el real decreto en cuanto no incluye en esa oferta las plazas citadas en el fundamento de Derecho cuarto. No impone costas.

Crea el procedimiento para que las entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal sean reconocidas como colaboradoras de la Administración General del Estado. Fija los derechos y obligaciones de estas entidades, los requisitos y la documentación para solicitarlo, y crea una Comisión de Evaluación que instruye y resuelve.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Ajusta el alta de datos de terceros y la expedición de propuestas de pago, y añade reglas sobre su tamaño según el capítulo de gasto. Incluye una disposición transitoria sobre compensación de deudas.

Modifica el Real Decreto 188/2025, que regula las subvenciones y ayudas de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Aclara dudas interpretativas surgidas sobre el artículo 26, relativo a los gastos subvencionables y a su tratamiento presupuestario como gasto corriente.

Establece instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Fija la jornada ordinaria en 35 horas semanales y amplía la flexibilidad horaria para la conciliación, incluyendo a las personas cuidadoras.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 1227/2023, que aprobaba la oferta de empleo público para estabilizar empleo temporal en la Administración General del Estado. Anula ese real decreto solo en la parte de las plazas de concurso para los Cuerpos de Gestión Civil del Estado y General Auxiliar que no reservaban cupo para personas con discapacidad. El resto del recurso se desestima.

Crea la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y aprueba sus estatutos. La agencia evalúa las políticas públicas para aportar evidencias a la toma de decisiones y sustituye al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

Modifica la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2025 para permitir tramitar los expedientes derivados del Real Decreto-ley 14/2025, que aprueba subidas retributivas del personal del sector público para 2025 y 2026. También amplía plazos y exceptúa ciertos expedientes y nóminas de los límites temporales de cierre.

Fija el calendario de días inhábiles de 2026 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Indica qué días son inhábiles en todo el territorio nacional y cuáles en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Fija los plazos y el procedimiento para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en la Administración General del Estado, organismos autónomos y otras entidades con presupuesto limitativo. Regula la tramitación de expedientes de gasto, documentos contables, contabilización de operaciones y ordenación de pagos en el final del año.

Aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El Plan fija 20 objetivos y 45 medidas repartidas en 6 ejes, con especial atención a la brecha salarial, la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres.

Modifica el procedimiento para elaborar el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional. Añade al Grupo de Trabajo representantes de seis ministerios más y le encarga mantener el catálogo actualizado e integrar recursos de comunidades, ayuntamientos y sector privado.

Crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y fija su composición y funcionamiento. La Comisión coordina y supervisa las actuaciones de los ministerios para aplicar el Plan, que se organiza en cinco ejes: prevención, protección de quienes informan, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura de integridad.