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Aprueba el Reglamento que fija las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Regula cómo deben ofrecerse la información y la comunicación para que las personas con dificultades cognitivas puedan entenderlas en ámbitos como administraciones, justicia, transportes, empleo o servicios públicos.

Crea un Registro de Grupos de Interés de ámbito estatal y fija las reglas para inscribirse en él. Establece normas de conducta para los grupos de interés, un informe de huella normativa y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la norma que regula el pago de obligaciones de la Administración General del Estado. Ajusta el alta de datos de terceros y la expedición de propuestas de pago, y añade reglas sobre su tamaño según el capítulo de gasto. Incluye una disposición transitoria sobre compensación de deudas.

Modifica el Real Decreto 188/2025, que regula las subvenciones y ayudas de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global. Aclara dudas interpretativas surgidas sobre el artículo 26, relativo a los gastos subvencionables y a su tratamiento presupuestario como gasto corriente.

Establece instrucciones sobre jornada y horarios del personal de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Fija la jornada ordinaria en 35 horas semanales y amplía la flexibilidad horaria para la conciliación, incluyendo a las personas cuidadoras.

Crea la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas Públicas y aprueba sus estatutos. La agencia evalúa las políticas públicas para aportar evidencias a la toma de decisiones y sustituye al Instituto para la Evaluación de Políticas Públicas.

Modifica la orden de cierre del ejercicio presupuestario de 2025 para permitir tramitar los expedientes derivados del Real Decreto-ley 14/2025, que aprueba subidas retributivas del personal del sector público para 2025 y 2026. También amplía plazos y exceptúa ciertos expedientes y nóminas de los límites temporales de cierre.

Fija el calendario de días inhábiles de 2026 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Indica qué días son inhábiles en todo el territorio nacional y cuáles en cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Fija los plazos y el procedimiento para cerrar el ejercicio presupuestario de 2025 en la Administración General del Estado, organismos autónomos y otras entidades con presupuesto limitativo. Regula la tramitación de expedientes de gasto, documentos contables, contabilización de operaciones y ordenación de pagos en el final del año.

Aprueba el IV Plan para la igualdad de género en la Administración General del Estado y en sus organismos públicos. El Plan fija 20 objetivos y 45 medidas repartidas en 6 ejes, con especial atención a la brecha salarial, la corresponsabilidad y la violencia contra las mujeres.

Modifica el procedimiento para elaborar el Catálogo de Recursos de la Seguridad Nacional. Añade al Grupo de Trabajo representantes de seis ministerios más y le encarga mantener el catálogo actualizado e integrar recursos de comunidades, ayuntamientos y sector privado.

Crea la Comisión Interministerial para el impulso del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y fija su composición y funcionamiento. La Comisión coordina y supervisa las actuaciones de los ministerios para aplicar el Plan, que se organiza en cinco ejes: prevención, protección de quienes informan, investigación y sanción, recuperación de activos y cultura de integridad.

Modifica la Orden ETD/389/2022, que regula los tipos de cuentas de la Administración General del Estado y del resto de entidades cuyos recursos integran el Tesoro Público. Amplía el ámbito de aplicación, añade un nuevo supuesto de cuenta restringida de ingresos y establece la obligación de comunicar cuentas al Tesoro Público.

Establece criterios generales para adaptar medios y tiempos y aplicar otros ajustes razonables en los procesos selectivos de acceso al empleo público para personas con discapacidad. Regula quiénes se benefician, cómo se piden las adaptaciones y cómo se conceden.

Regula cómo se reparten entre comunidades y ciudades autónomas las personas menores de edad migrantes no acompañadas cuando se declara una situación de contingencia migratoria extraordinaria. Fija el procedimiento de traslado, las actuaciones de las administraciones de origen y destino y el seguimiento de su cumplimiento.

Desarrolla las normas de organización y funcionamiento de la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado. Regula su naturaleza, funciones, órganos (Pleno, Presidencia, Vicepresidencia, vocalías, Secretaría, Comité de Seguimiento y Comisiones Técnicas) y su forma de reunirse y decidir.