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Actualiza el importe que se paga por usar el coche o la moto propia en un viaje de trabajo de la Administración General del Estado. Fija 0,26 euros por kilómetro en automóvil y 0,106 euros por kilómetro en motocicleta, y deroga la orden anterior de 2005.

Actualiza los acuerdos que fijan qué comprueba la Intervención General antes de autorizar ciertos gastos públicos. Revisa los requisitos básicos para gastos generales, contratos públicos, convenios y transferencias a comunidades autónomas.

Establece un marco común para evaluar las políticas públicas en la Administración General del Estado. Crea órganos y planes de evaluación, fija criterios e indicadores y regula cómo se usan los resultados en la toma de decisiones.

Fija el calendario de días inhábiles de 2023 para la Administración General del Estado y sus organismos públicos, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Incluye los sábados, domingos y festivos nacionales, y los festivos de cada comunidad autónoma y ciudad autónoma.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2022 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Fija plazos para tramitar modificaciones de créditos, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Modifica el Real Decreto que regula la Comisión interministerial de coordinación de la Administración periférica del Estado. Adapta su organización y funcionamiento a la nueva estructura del Ministerio de Política Territorial e incorpora la Dirección General de la Administración General del Estado en el Territorio. También establece la coordinación con los órganos colegiados de asistencia al Delegado del Gobierno.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para cambiar el reparto de competencias entre los Juzgados de lo Mercantil y las secciones especializadas de las Audiencias Provinciales. Con ello se busca agilizar los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, adaptando la legislación española a la Directiva (UE) 2019/1023.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Generalidad de Cataluña contra el Real Decreto 203/2021, que regula la actuación del sector público por medios electrónicos. Anula la disposición transitoria primera de ese real decreto y rechaza el resto de peticiones, sin imponer costas.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

Publica un acuerdo que adapta a la nueva estructura de ministerios el reparto de las mesas y subcomisiones donde la Administración General del Estado negocia con los sindicatos. Actualiza qué ministerios y organismos entran en la mesa general y cómo se componen las mesas delegadas y subcomisiones paritarias.

Aprueba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética para la Administración General del Estado y sus entidades públicas. El plan busca reducir el consumo de energía en edificios, infraestructuras y movilidad del sector público estatal.

Regula los tipos de cuentas donde se sitúan los fondos de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y otras entidades del sector público administrativo estatal. Establece cómo se autoriza su apertura, uso y cancelación, y el control de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Establece las condiciones de uso de un sistema de firma electrónica no criptográfica vinculado al servicio AutenticA. Este sistema se ofrece como complemento a la firma electrónica avanzada con certificado cualificado para relacionarse con la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Modifica los documentos contables y la instrucción de operatoria contable para la ejecución del gasto del Estado. Cambia notas y formatos de los anexos de seguimiento de fondos de la Unión Europea e información adicional, e incorpora en la regla 55 los expedientes financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y REACT-UE. También aplaza la entrada en vigor de varios puntos de la Orden HAC/820/2021.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica el Real Decreto 581/2017 para ajustar el procedimiento de reconocimiento de cualificaciones profesionales en España a la normativa europea. Añade la obligación de informar al solicitante, en el plazo de un mes, de los documentos que falten en su expediente y amplía el plazo para subsanarlos.

Regula la concesión directa de una subvención a la Generalitat de Cataluña para compensar los gastos de gestión de los convenios con la Administración General del Estado para tramitar becas y ayudas al estudio. La subvención se paga con cargo al presupuesto de 2021.

Regula el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado (REG-AGE). Establece cómo se accede, cómo se anotan los documentos que se presentan o reciben, el acuse de recibo, las consultas y el cómputo de plazos. También fija qué órganos son competentes y cómo se protegen los datos personales.

Regula el Registro de Funcionarios Habilitados de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. Estos funcionarios pueden identificar y firmar electrónicamente en nombre de las personas interesadas que no dispongan de medios electrónicos propios. La orden fija los órganos competentes, la inscripción, el contenido y el funcionamiento del registro.