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Modifica la resolución que regula el informe de certificación de los sistemas técnicos de los operadores de juego. Añade un procedimiento para las segundas y sucesivas homologaciones de esos sistemas, además del ya previsto para las homologaciones iniciales.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre cómo se acredita administrativamente que una persona es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual. El acuerdo fija el procedimiento y los documentos para obtener esa acreditación.

Establece las instrucciones para que los centros de universidades públicas y privadas obtengan la acreditación institucional, y publica dos protocolos: uno para certificar sus sistemas internos de garantía de calidad y otro para evaluar la renovación de esa acreditación.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.

Publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que fija los procedimientos básicos para acreditar administrativamente las situaciones de violencia de género. Esta acreditación permite acceder a los derechos y prestaciones previstos en la Ley Orgánica 1/2004 sin necesidad de denuncia.

Fija los precios públicos que cobra ANECA por los servicios de formación, evaluación y certificación de los programas AUDIT y AUDIT Internacional, dirigidos a centros de educación superior. Estos servicios son voluntarios y se prestan a las universidades e instituciones que los soliciten.

Publica un acuerdo que modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El cambio afecta a las titulaciones y cualificaciones exigidas al personal que trabaja en ese sistema.

Aprueba modelos de certificación colectiva de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores de un concurso. Estos certificados acompañan a la solicitud de prestaciones de garantía salarial del Fondo de Garantía Salarial cuando la solicitud se basa en el concurso de la empresa.