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Regula en una sola norma la acreditación estatal y los concursos de acceso a plazas de profesorado universitario funcionario. La acreditación la evalúa la ANECA y es requisito, junto al título de Doctor, para concurrir a los concursos que convocan las universidades públicas.

Modifica los seis anexos del Real Decreto 888/2022 que contienen los baremos para valorar el grado de discapacidad. El objetivo es corregir errores en esos baremos para que coincidan con los acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Sustituye el Reglamento de Adopción internacional de 2019 para cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. La nueva norma devuelve a las comunidades autónomas la competencia para acreditar a los organismos que intermedian en adopciones internacionales. Regula también el inicio y la suspensión de la tramitación por país, el número máximo de expedientes y el registro nacional de organismos acreditados.

Modifica el anexo I del Real Decreto 1312/2007, que fija las comisiones de acreditación nacional para acceder a los cuerpos docentes universitarios. Reorganiza las áreas de conocimiento de las comisiones de la rama de Ciencias de la Salud para equilibrar el número de expedientes que resuelve cada una.

Regula el apoyo a las empresas emergentes (startups) innovadoras. Establece incentivos fiscales, facilidades para atraer inversión extranjera y talento, trámites para sociedades limitadas, compra pública innovadora y entornos de prueba. También crea el Foro Nacional de Empresas Emergentes y una agencia de supervisión de inteligencia artificial.

Modifica la Ley del sector ferroviario para adaptar la normativa española a las directivas europeas sobre el espacio ferroviario único. Reordena la definición de infraestructura ferroviaria e instalaciones de servicio y regula el acceso de nuevas empresas al transporte de viajeros por ferrocarril.

Modifica la resolución que regula el informe de certificación de los sistemas técnicos de los operadores de juego. Añade un procedimiento para las segundas y sucesivas homologaciones de esos sistemas, además del ya previsto para las homologaciones iniciales.

Regula las profesiones del deporte y la actividad física en la Comunitat Valenciana. Define cinco profesiones (monitor, entrenador, preparador físico, director deportivo y profesor de Educación Física), la formación exigida para cada una y los requisitos para prestar servicios. También crea un censo de profesionales y regula la inspección.

Establece medidas para abaratar el transporte público, con bonificaciones del 50% en abonos ferroviarios y ayudas a empresas de autobuses y ferrocarril por la subida de carburantes. También crea complementos para becas y ayudas al estudio, y fija planes de ahorro energético en climatización y fomento del autoconsumo eléctrico.

Publica el acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad sobre cómo se acredita administrativamente que una persona es víctima de trata de seres humanos o de explotación sexual. El acuerdo fija el procedimiento y los documentos para obtener esa acreditación.

La ley establece medidas para impulsar la rehabilitación de edificios residenciales. Incluye una deducción en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética, cambios en la ley de propiedad horizontal y en la ley de suelo, y una línea de avales del Estado para financiar obras de rehabilitación.

Modifica la Ley de turismo de las Illes Balears para introducir principios y objetivos de circularidad en el sector. Crea la estrategia y el plan de circularidad para los alojamientos turísticos y regula su implantación. También suspende la adquisición de plazas turísticas en Mallorca, Ibiza y Formentera y limita actividades turísticas en Menorca.

Modifica las bases de las subvenciones del SEPE a las comunidades autónomas para renovar oficinas de empleo. Las comunidades ya no tendrán que presentar una declaración responsable sobre estar al corriente de impuestos y Seguridad Social: el SEPE pedirá esos certificados directamente.

Establece las instrucciones para que los centros de universidades públicas y privadas obtengan la acreditación institucional, y publica dos protocolos: uno para certificar sus sistemas internos de garantía de calidad y otro para evaluar la renovación de esa acreditación.

Modifica los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Permite, de forma excepcional y mientras dure la pandemia de COVID-19, que personas sin las titulaciones exigidas trabajen en esos servicios si tienen experiencia en el cuidado de personas dependientes.