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Modifica las bases generales de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios para incluir garantías mínimas de seguridad del paciente. Añade información sobre personal sanitario y regula la adaptación de la oferta asistencial.

Establece medidas para cubrir de forma estable los puestos sanitarios de difícil cobertura en el Servicio de Salud de Castilla y León. Define criterios y procedimientos para declarar esos puestos, regula un acceso extraordinario y fija incentivos para los profesionales que los ocupen. También prevé medidas para garantizar la continuidad de la asistencia.

Establece el procedimiento para que el personal civil de la Red sanitaria militar (hospitales y otros centros) pueda integrarse en la condición de personal estatutario. Regula quién puede hacerlo, los requisitos, los órganos competentes, el procedimiento y los efectos de la integración.

Establece las bases para conceder ayudas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en concurrencia competitiva, a actividades y estancias que fomenten el uso de la ciencia en las políticas públicas. Regula solicitudes, evaluación, pago, justificación y reintegro.

Aclara cómo se inscribe la filiación de los hijos de dos mujeres tras la reforma de la Ley del Registro Civil de 2023. También modifica la instrucción de 2015 sobre la comunicación electrónica de nacimientos desde centros sanitarios.

Establece los criterios de calidad y seguridad que deben cumplir las unidades de radioterapia de los centros sanitarios. Regula el programa de garantía de calidad, las responsabilidades de los profesionales, el control del equipamiento, los incidentes y las auditorías.

Crea el título de especialista en Laboratorio Clínico y suprime los títulos de Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica, que se fusionan en el nuevo. Regula el perfil profesional, el ámbito de actuación, el programa formativo y el órgano asesor de la especialidad.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas de la Acción Estratégica en Salud del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 30 de junio de 2026 y el de justificación hasta el 30 de septiembre de 2026.

Modifica el artículo 27 de la Orden CNU/709/2024 para añadir conceptos presupuestarios a los que se puede imputar la financiación de las ayudas para Unidades de Investigación Clínica del PERTE para la Salud de Vanguardia. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas a la investigación en salud dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Regula quién puede recibir las ayudas, qué gastos se cubren, cómo se solicitan y se resuelven, y cómo se justifican y controlan.

Modifica las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin fines de lucro para fomentar la donación y el trasplante de órganos, tejidos y células. Cambia la redacción de varios artículos para agilizar la tramitación y reforzar la objetividad y transparencia en la gestión de estas ayudas.

Aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, los criterios para evaluar a los especialistas en formación y los requisitos que deben cumplir las Unidades Docentes Multiprofesionales de Atención Familiar y Comunitaria para ser acreditadas.

Aprueba las bases reguladoras para conceder ayudas a la creación y desarrollo de Unidades de Investigación Clínica, en el marco del PERTE para la Salud de Vanguardia y del Plan de Recuperación. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2024.

Crea la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública para coordinar los sistemas de vigilancia de la salud de la población. Regula sus fines, funciones, gobernanza, sistemas de vigilancia y laboratorios nacionales de referencia.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la ley que añadió al Código Penal el artículo 172 quater, que castiga el acoso a mujeres que acuden a clínicas para interrumpir voluntariamente el embarazo y a los profesionales sanitarios de esos centros. La sentencia analiza si esa norma respeta el principio de legalidad penal y las libertades ideológicas y de expresión.

Regula el modelo de atención en los centros residenciales y centros de día de servicios sociales para cuidados de larga duración en Castilla y León. Establece los derechos y deberes de las personas usuarias, la organización y características de los centros, los profesionales y las ratios, la autorización e inscripción, la calidad y el régimen sancionador.

Modifica el artículo 8 de la Ley 21/2000 de Cataluña, que regula cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas. Cambia los requisitos para otorgarlo, de modo que no sea necesario ir ante notario ni reunir tres testigos.