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Desarrolla las especificaciones técnicas y funcionales de los sistemas informáticos de facturación de empresarios y profesionales. Regula cómo deben generarse, conservarse y remitirse los registros de facturación, e incluye el código QR y la representación gráfica en las facturas.

Aprueba el Reglamento de reutilización del agua, que regula cómo se producen, suministran y usan las aguas regeneradas. Establece autorizaciones y concesiones, requisitos de calidad, control del riesgo y régimen sancionador, y modifica otras normas sobre gestión del agua.

Actualiza la sede electrónica del Comisionado para el Mercado de Tabacos y fija su dirección en https://cmtabacos.sede.gob.es/. Establece sus características, contenidos mínimos y canales de atención electrónica, presencial, telefónica y por correo electrónico.

Modifica la ley que regula el intercambio de antecedentes penales entre países de la Unión Europea para adaptarla al sistema europeo ECRIS. Incluye datos como la imagen facial y las huellas, y regula la identificación de condenas de nacionales de terceros países.

Regula la inscripción de las personas de nacionalidad española en los Registros de Matrícula de las Oficinas Consulares en el extranjero. Establece la obligación de inscribirse, el carácter digital del registro y los trámites de alta como residente y como no residente. También fija cuándo se pierde la condición de residente.

Cambia las direcciones de internet de la sede electrónica y del portal del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La sede pasa a ser https://sede.transportes.gob.es y el portal https://www.transportes.gob.es. El cambio se debe a la nueva organización de los ministerios.

Cambia la dirección electrónica de la sede electrónica de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que pasa a ser https://sede.airef.es. La nueva dirección entra en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.

Determina qué municipios en riesgo financiero pueden pedir adherirse al Fondo de Ordenación para 2025. La lista se publica en la Oficina Virtual del Ministerio de Hacienda y los ayuntamientos incluidos pueden presentar su solicitud en el plazo de un mes, ampliable en 15 días.

Modifica la norma que crea la sede electrónica de la Agencia Tributaria para crear una sede electrónica asociada, la Oficina Virtual del Personal. Este canal sirve para que el personal de la Agencia Tributaria acceda a información y servicios de recursos humanos y reciba notificaciones electrónicas.

Modifica las fechas de comunicación de datos sobre semillas certificadas de cereales, arroz, oleaginosas y proteaginosas. Fija plazos para informar de la superficie aceptada, la cantidad recolectada y el nivel de existencias a través del sistema electrónico SIEGA.

Establece las condiciones para usar un sistema de firma electrónica no criptográfica en los trámites con las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. La persona se identifica previamente y confirma la firma con un código de un solo uso enviado a su teléfono móvil o correo electrónico.

Establece las instrucciones y el calendario para que determinadas entidades locales puedan financiar la cancelación de deudas pendientes con sus proveedores. Regula dos vías: una voluntaria, para entidades que superan el plazo máximo de pago, y otra obligatoria, para las que lo incumplen de forma reiterada. También fija aspectos de los planes de ajuste y su posible revisión.

Crea la Plataforma Digital de Colaboración entre las Administraciones Públicas, llamada Cooper@, y regula cómo se configura y funciona. La plataforma sirve para facilitar las relaciones electrónicas de los órganos de cooperación entre administraciones, como las Conferencias Sectoriales.

Regula los requisitos para que un prestador de servicios de intercambio de vídeos a través de plataforma sea considerado usuario de especial relevancia. Concreta los umbrales de ingresos significativos y de audiencia significativa, y prevé su inscripción en el Registro Estatal de prestadores del servicio de comunicación audiovisual.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.