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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del Real Decreto-ley 14/2019, que regula medidas urgentes en administración digital, contratación pública y telecomunicaciones. La sentencia analiza si la norma respetó los límites del decreto-ley y la distribución de competencias, y declara la constitucionalidad de los preceptos que modifican la administración y firma electrónica e intervención, seguridad y disciplina de redes y servicios de comunicaciones.

Desarrolla la Ley 13/2011 para crear entornos de juego más seguros. Obliga a los operadores de juego a aplicar planes de juego seguro, informar a las personas consumidoras y detectar comportamientos de riesgo. Incluye medidas especiales para jóvenes y personas con juego intensivo.

La ley reúne medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat Valenciana. Modifica tasas propias y tributos cedidos, y cambia normas en materias como vivienda, servicios sociales, educación, sanidad, justicia, agricultura y movilidad. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Modifica la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. Añade medidas sobre salud menstrual, anticoncepción, educación sexual y formación de profesionales. También regula la actuación frente al aborto forzoso y la gestación por sustitución.

Regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. Crea canales internos y externos para recibir denuncias y establece medidas de protección frente a represalias. Crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante.

Actualiza el importe del complemento mensual por cada menor a cargo en la Prestación Canaria de Inserción. También autoriza ceder datos de las personas beneficiarias a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de Canarias para programas piloto de inclusión social.

Modifica la Ley 13/2011 de regulación del juego para reforzar la protección de los menores y de los participantes, prevenir conductas adictivas y luchar contra el fraude y la manipulación de competiciones deportivas. Añade funciones de evaluación a la Dirección General de Ordenación del Juego y cambia también la ley de consumidores.

Establece las características de los certificados sanitarios de vacunación, prueba diagnóstica y recuperación que se aceptan en los viajes internacionales durante la pandemia de COVID-19. Fija los requisitos y la validez de cada tipo de certificado.

Deja sin efecto la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada de España. Así, se eliminan los controles sanitarios a las personas que llegan desde países no pertenecientes a la Unión Europea o al espacio Schengen. La medida se aplica desde las 00:00 horas del 21 de octubre de 2022.

La ley busca facilitar la creación de nuevas empresas y reducir los obstáculos que frenan su crecimiento. Para ello modifica normas sobre sociedades, unidad de mercado, contratos públicos y morosidad, y regula las plataformas de financiación participativa.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de ASEDIE contra el Real Decreto 327/2021, que adaptó la ordenación del BOE al Tablón Edictal Judicial Único. Anula el apartado cuatro del artículo único de esa norma, que daba nueva redacción al párrafo tercero del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto 181/2008. No impone costas a ninguna de las partes.

Modifica la Resolución de 1 de abril de 2022 sobre controles sanitarios en los puntos de entrada a España. Deja sin efecto los apartados octavo y noveno y el anexo I, y cambia el apartado décimo sobre la colaboración de gestores aeroportuarios y portuarios y las obligaciones de las compañías aéreas y navieras.

Modifica la Ley 7/2013 sobre instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, con especial atención a las actividades no permanentes de ocio y entretenimiento. Además, establece el régimen de prestación del servicio de taxi en la isla de Ibiza y modifica otras normas autonómicas.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Defensa sobre los centros docentes militares. Introduce la obligación de que cada centro tenga un Plan Digital y regula la protección de datos personales de los alumnos. También ajusta el régimen del alumnado de la enseñanza de formación.

Establece normas para que las autoridades competentes puedan acceder e intercambiar información financiera con el fin de prevenir, detectar, investigar o enjuiciar delitos graves, como el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Regula el acceso al Fichero de Titularidades Financieras y el intercambio de datos con organismos nacionales y europeos, con reglas de protección de datos.

Esta orden establece el modelo y las normas del expediente de aptitud psicofísica del personal de la Guardia Civil. Regula su estructura, contenido, finalidad, forma de anotación, protección de datos y acceso a su contenido.

Establece el régimen general de las telecomunicaciones en España: regula el suministro de redes y la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en libre competencia, las obligaciones de servicio público y el servicio universal, el dominio público radioeléctrico, los derechos de los usuarios finales y las tasas y sanciones del sector.