Buscar en el BOE

Crea 500 nuevas unidades judiciales para 2026 y ajusta la planta judicial. Las plazas se reparten entre Tribunales de Instancia, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales. También fija agrupaciones de partidos judiciales en materia de violencia sobre la mujer.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales. El real decreto fija la efectividad del traspaso y valora sus cargas financieras.

Establece que los Tribunales de Instancia de Puerto del Rosario y Arganda del Rey tengan dos secciones separadas: una Civil y otra de Instrucción, en lugar de una Sección Única. Modifica la planta judicial y las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

Establece la organización y el régimen de personal de las Oficinas de Justicia en los municipios y sus agrupaciones, que sustituyen a los juzgados de paz. Regula su constitución, la dotación de personal, el funcionamiento de las agrupaciones y la dependencia del personal. Modifica varios reglamentos de personal al servicio de la Administración de Justicia.

Transforma el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Melilla en Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Melilla. Modifica los anexos de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y de la Ley Orgánica de eficiencia del servicio público de Justicia para reflejar el cambio.

Modifica varios reglamentos sobre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Actualiza el estatuto del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia, el régimen de ingreso y provisión de puestos, la Policía Judicial y la Comisión Nacional de Estadística Judicial.

Modifica el Real Decreto 95/2009, que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). El cambio busca que la información penal sobre profesionales con inhabilitación o prohibición para ejercer en el ámbito docente y sanitario pueda enviarse al mecanismo de alerta europeo (IMI).

Aprueba el nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, que sustituye al de 2003. Fija cómo se calculan y cobran sus derechos en los distintos órdenes judiciales y actuaciones. Establece un máximo de 75.000 euros por asunto y elimina los mínimos.

Modifica el Real Decreto que regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, que pasa a llamarse Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos. Regula la inscripción, el acceso, la cancelación y la certificación de datos, e incorpora la comprobación automatizada de antecedentes.

Crea 69 nuevas unidades judiciales y una plaza de Juez o Jueza de Adscripción Territorial para la programación de 2023, y ajusta la planta judicial. También dota plazas de Magistrado o Magistrada en la Audiencia Nacional, Tribunales Superiores de Justicia y Audiencias Provinciales, y regula la transformación de juzgados.

Modifica y amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal. Crea dos nuevas Fiscalías de Sala: una contra los delitos de odio y discriminación y otra en materia de derechos humanos y memoria democrática. También añade plazas para las nuevas unidades judiciales y para reducir el déficit de plazas.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales, según el anexo del acuerdo.

Crea 70 nuevas unidades judiciales para 2022 y ajusta la planta judicial. También transforma juzgados, separa juzgados en Ponferrada y Cáceres y modifica plantillas de magistrados en la Audiencia Nacional y provinciales.

Aprueba el nuevo Reglamento del Ministerio Fiscal, que sustituye al reglamento de 1969. Regula la organización, los principios de actuación, la carrera fiscal, la provisión de destinos, permisos, derechos y deberes, incompatibilidades, jubilación y régimen disciplinario.

Modifica el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales para adaptarlo al Derecho de la Unión Europea. Suprime los aranceles mínimos obligatorios y establece un sistema de aranceles máximos. Permite que el procurador y su cliente pacten una retribución inferior.

Separa los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Toledo en dos tipos de juzgados: unos para asuntos civiles y otros para asuntos penales. Modifica el anexo VI de la Ley de Demarcación y Planta Judicial y ajusta las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos que el Estado traspasa a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales.

Crea 56 nuevas unidades judiciales para 2021 y cuatro plazas de Juez de Adscripción Territorial en Cataluña. Modifica la planta judicial y la composición de secciones y juzgados para agilizar la actividad judicial tras la crisis del COVID-19.