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Aprueba la ampliación de los medios materiales y económicos traspasados a la Generalitat de Cataluña para el funcionamiento de la Administración de Justicia. Esta ampliación se debe a la creación y puesta en marcha de nuevos órganos judiciales. El real decreto fija la efectividad del traspaso y valora sus cargas financieras.

Modifica la orden que creó las unidades administrativas de las oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Actualiza la organización de estas oficinas, incluida la de la Audiencia Nacional y la de víctimas del terrorismo, y adapta la relación de puestos de trabajo.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los juzgados de paz u oficinas de justicia en los municipios. La cuantía depende del número de habitantes del municipio y se aplica al crédito de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2025.

Establece que los Tribunales de Instancia de Puerto del Rosario y Arganda del Rey tengan dos secciones separadas: una Civil y otra de Instrucción, en lugar de una Sección Única. Modifica la planta judicial y las relaciones de puestos de trabajo del personal de la Administración de Justicia.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos puntos de la Ley Orgánica 1/2025, de eficiencia del Servicio Público de Justicia. La plantea un tribunal del País Vasco por posible vulneración de varios artículos de la Constitución. El Pleno se reserva el conocimiento del caso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el párrafo segundo de la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 8/2012, que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial. Se cuestiona por posible vulneración del artículo 14 de la Constitución, que reconoce la igualdad ante la ley.

Modifica el real decreto que regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ). Adapta estos registros a la Ley Orgánica 4/2024, que traspone una directiva europea sobre intercambio de antecedentes penales. Incluye la creación de un Registro Central de Menores.

Establece el diseño y la estructura de la Oficina Judicial en Aragón para los Tribunales de Instancia que se constituyen el 1 de julio de 2025. Regula los servicios comunes de tramitación y la organización del personal que apoya la función judicial.

Crea las Agrupaciones de Oficinas de Justicia en los municipios de Aragón, agrupando oficinas de municipios limítrofes de un mismo partido judicial. Cada agrupación tiene un municipio cabecera con personal de la Administración de Justicia que atiende a todas las oficinas integradas.