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Publica la parte dispositiva de un auto del Tribunal Supremo que rechaza el recurso de la Administración General del Estado y del Instituto Nacional de Estadística. El auto confirma la suspensión de inscribir en el censo electoral de residentes ausentes a quienes obtuvieron la nacionalidad española por la Ley de Memoria Democrática.

Establece el diseño, la dimensión y la organización de las oficinas judiciales de los Tribunales colegiados y Tribunales de Instancia en los partidos judiciales que dependen del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Regula las unidades que las integran, los servicios comunes de tramitación, generales y de ejecución, y los servicios transversales como la guardia o el Registro Civil.

Aclara qué panes tributan al 4 % de IVA y cuáles al 10 %. Solo el pan común, según la norma de calidad del pan, tiene el tipo del 4 %. El pan especial y el resto de panes van al tipo reducido del 10 %.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Eleva a veinte años el tiempo exigido en la carrera judicial para ser magistrado del Tribunal Supremo y regula la excedencia voluntaria de jueces y magistrados que accedan a cargos públicos o políticos.

Este real decreto-ley reúne varias medidas: incorpora directivas europeas sobre fusiones y escisiones de empresas y sobre conciliación familiar y laboral, prorroga ayudas frente a la guerra de Ucrania y para La Palma, y adopta medidas urgentes en materia financiera, energética, agraria, de vivienda y de tráfico.

Modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial para añadir un nuevo supuesto a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Esta sala conocerá de las solicitudes del Gobierno para convalidar o revocar acuerdos de asunción o intervención de la gestión directa del servicio o de explotación de redes, previstos en la Ley General de Telecomunicaciones.

Establece cómo calcular y refacturar los suplementos territoriales de los peajes de acceso a la red eléctrica del año 2013, tras varias sentencias del Tribunal Supremo. Fija el ámbito de aplicación, la información que deben enviar las comunidades autónomas y la metodología para determinar los costes.

Regula cómo actúa en España la Fiscalía Europea, un órgano de la Unión Europea que investiga delitos contra los intereses financieros de la UE, como el fraude de fondos europeos. Fija las funciones de los Fiscales europeos delegados, el papel del juez de garantías y el procedimiento de investigación, desde su inicio hasta la preparación del juicio oral.

Fija la retribución para el año 2016 de varias empresas distribuidoras de energía eléctrica, tras varias sentencias del Tribunal Supremo que estimaron parcialmente sus recursos contra la orden que fijó esa retribución. Corrige parámetros de cálculo, entre ellos el factor λibase, para las empresas afectadas.