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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 15/2021 de la Generalitat de Cataluña, que creó un fondo complementario de riesgos. La sentencia anula esa norma autonómica porque no se justificó la extraordinaria y urgente necesidad que exige el uso del decreto-ley.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y más de cincuenta senadores.

La ley establece una amnistía para determinados actos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Fija qué hechos quedan amparados y cuáles se excluyen, y regula cómo se extinguen las responsabilidades penal, administrativa y contable. También indica qué órganos aplican la amnistía y con qué procedimiento.

El Tribunal de Cuentas aprueba una instrucción que fija cómo deben presentar las formaciones políticas la contabilidad de las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio de 2024. Establece los plazos, la documentación justificativa de ingresos y gastos, y el procedimiento telemático para su envío.

Establece cómo deben presentar las formaciones políticas al Tribunal de Cuentas la contabilidad de las elecciones a Cortes Generales del 23 de julio de 2023. Fija qué documentos contables y justificativos deben remitirse, los plazos y el uso de medios electrónicos.

El Tribunal de Cuentas modifica su acuerdo de 2016 para permitir que los centros que gestionan gastos electorales envíen sus certificados de cuentas por un servicio web, además de por la sede electrónica. También autoriza a la Secretaria General a actualizar los modelos y las especificaciones técnicas.

El Tribunal de Cuentas aprueba una instrucción para fiscalizar las contabilidades de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo de 2023. Fija los criterios técnicos y la documentación que las formaciones políticas deben enviar por vía electrónica.

Regula cómo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla deben presentar por vía electrónica al Tribunal de Cuentas su Cuenta General y la información sobre su control interno, a partir del ejercicio 2021.

Modifica la Instrucción que regula cómo los partidos políticos y sus fundaciones presentan telemáticamente sus cuentas anuales al Tribunal de Cuentas. Establece el formato de esas cuentas y el cumplimiento de las obligaciones de información. Incluye dos disposiciones transitorias.

Modifica la Ley del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas para reforzar su independencia y transparencia. Establece nuevos requisitos para ser miembro del Tribunal, con mayoría de tres quintas partes del Parlamento Vasco, y regula la abstención, recusación e incompatibilidades. También exige una designación equilibrada entre mujeres y hombres y publicar información en el Portal de Transparencia.

Modifica varias órdenes de contabilidad pública para crear un documento de seguimiento de gastos financiados con fondos de la Unión Europea, precisar la fecha de gasto en ciertas operaciones e incorporar el código DIR3 del centro gestor y de la unidad tramitadora en los documentos contables.

Establece cómo los órganos de intervención de las entidades locales deben enviar al Tribunal de Cuentas, por vía telemática, información sobre el control interno que realizan. Sustituye la instrucción anterior de 2015 y adapta el envío al Real Decreto 424/2017.

Modifica el anexo 1 de la Instrucción que regula la rendición telemática de la Cuenta General de las Entidades Locales. Añade, entre la documentación que acompaña a esa cuenta, los informes de auditoría de las cuentas anuales de determinadas entidades dependientes de la entidad local.