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Regula la concesión directa de ayudas para los titulares de pólizas del seguro agrario combinado que sufrieron daños por los incendios de 2026. Incluye una ayuda para reducir el coste de la prima y otra para las explotaciones agrarias afectadas.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 24/2026, que establece medidas del plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación mantiene vigente esa norma.

Regula cómo se devuelven los anticipos a cuenta de las ayudas previstas en el artículo 3 del Real Decreto-ley 6/2024, aprobado tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Fija los requisitos y el procedimiento para ese reintegro y deroga las normas anteriores que se opongan.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 23/2026, que adopta medidas fiscales y financieras urgentes para la reconstrucción económica y social de la isla de La Palma. También incluye medidas para que las comunidades autónomas con superávit ejecuten inversiones pendientes de ejercicios anteriores a 2026.

La ley modifica normas de la Generalitat Valenciana en varias materias: tributos propios y cedidos, vivienda, cooperativas, urbanismo, función pública, sanidad, servicios sociales, educación, agricultura, justicia, emergencias e industria. También reorganiza entes del sector público autonómico.

Amplía al ejercicio 2026 una deducción en el IRPF para residentes en la isla de La Palma y permite a las comunidades autónomas con superávit y bajo endeudamiento financiar inversiones entre 2026 y 2028. También abre un nuevo plazo para suspender pagos de préstamos a afectados por el volcán y regula una prestación por cese de actividad para autónomos afectados.

Deja sin efecto la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila. La dirección y coordinación de la emergencia vuelve a las comunidades autónomas, que pasan a la situación operativa 2 de sus planes de protección civil.

Regula la concesión directa de subvenciones del Servicio Público de Empleo Estatal a corporaciones locales para contratar a personas desempleadas en obras de reconstrucción de zonas dañadas por fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. Fija beneficiarias, cuantías, requisitos, procedimiento y justificación.

Deja sin efecto la ampliación a la provincia de Toledo de la emergencia de interés nacional por incendios forestales. La gestión de la emergencia en Toledo vuelve a la situación operativa 2 del plan de Castilla-La Mancha (PLATECAM).

Declara la emergencia de interés nacional por los incendios forestales en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. El Ministro del Interior asume la dirección de la emergencia y la dirección operativa corresponde a la Unidad Militar de Emergencias.

Modifica la Orden APA/142/2026 para cambiar el marco jurídico de las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 5/2026 por daños de fenómenos meteorológicos adversos en Andalucía y Extremadura. Las ayudas pasan de acogerse al régimen de minimis agrícola a las Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 10/2026, que aprueba medidas tributarias urgentes y otras medidas de apoyo para las víctimas de la DANA y otras situaciones de emergencia. La convalidación mantiene vigente esta norma.

La orden reduce los índices de rendimiento neto del IRPF para 2025 en actividades agrícolas y ganaderas de zonas concretas afectadas por incendios, inundaciones u otras circunstancias excepcionales. Las reducciones se agrupan por comunidades autónomas, provincias, ámbitos territoriales y actividades en un anexo.

Amplía el periodo durante el cual se aplica el tipo cero del Impuesto General Indirecto Canario a determinadas operaciones relacionadas con la erupción volcánica de La Palma. Modifica el texto refundido de las normas legales de Canarias sobre este impuesto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Presidente del Gobierno contra un artículo del Decreto-ley 10/2025 del Consell. El recurso se dirige a una parte concreta de la modificación del artículo 32.3.b) de la Ley de Puertos de la Generalitat.