Real Decreto 849/2026, de 21 de octubre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para apoyar a titulares de pólizas contratadas en el marco del sistema de seguros agrarios combinados por los daños producidos sobre la actividad agraria por los incendios acaecidos en 2026.
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación · 22 de octubre de 2026
Regula la concesión directa de ayudas para los titulares de pólizas del seguro agrario combinado que sufrieron daños por los incendios de 2026. Incluye una ayuda para reducir el coste de la prima y otra para las explotaciones agrarias afectadas.
Qué cambia
Los agricultores y ganaderos asegurados con el seguro agrario combinado que sufrieron daños por incendios en 2026 pueden recibir un apoyo económico adicional al del seguro y al de las comunidades autónomas.
A quién afecta
titulares de pólizas del seguro agrario combinado · explotaciones agrarias afectadas por incendios · agricultores · ganaderos
Cifras
más de 270.000 hectáreas afectadas por incendios en 2026
unas 60.000 hectáreas de superficie agraria afectada
42 grandes incendios contabilizados
gran incendio: afección a más de 500 hectáreas de superficie forestal
Agricultura, pesca y alimentación
Seguridad y emergencias
Resumen generado automáticamente a partir del texto oficial. Puede contener errores: lo que vale es el texto publicado en el BOE.
Texto
Como ya ocurriera en el ejercicio precedente, se está sucediendo por gran parte de la geografía española una multiplicidad de incendios, que alcanzan cada vez mayor extensión y virulencia, y que han generado un ostensible desastre paisajístico, productivo, ambiental y social en amplias zonas de España. Los de mayor gravedad registrados hasta la fecha durante 2026 han sido los ocurridos en Huelva, Ávila, Toledo, Madrid, Castellón, Zamora, Zaragoza, Huesca y Cáceres.
Estos incendios forestales se han producido en olas de diversa intensidad y gravedad, lo que supuso la activación por las comunidades autónomas afectadas de sus planes de prevención y lucha contra incendios, obligando a confinamientos y evacuaciones masivas y al despliegue de medios extraordinarios, incluso lamentando la pérdida de vidas humanas.
Estas olas de incendios han alterado sustancialmente los modos de vida de dichas zonas, afectando al medio rural, su sostenibilidad y su futuro. Numerosos servicios esenciales para la comunidad, tanto públicos como privados, y las infraestructuras que les sirven de soporte, han resultado afectados, incluso destruidos.
Este año ha habido un número de conatos e incendios ampliamente superior a la media de la serie histórica reciente, alcanzando uno de los máximos históricos de superficie calcinada, con más de 270.000 hectáreas afectadas, de las cuales unas 60.000 son superficie agraria. Una de las principales características de estos incendios es que muchos de ellos han adquirido la categoría de gran incendio que, conforme al sistema estadístico de incendios forestales acordado en el Comité de Lucha contra Incendios Forestales (CLIF) y establecido por el Real Decreto 716/2025, de 26 de agosto, por el que se aprueban las directrices y criterios comunes de los planes anuales para la prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, supone la afección a más de 500 hectáreas de superficie forestal. Cabe destacar que ya se han contabilizado 42 grandes incendios, cifra que duplica la media de los últimos años, lo que demuestra la especial afección de estos incendios, su marcada virulencia y sus efectos devastadores y extraordinarios, que justifican la intervención, también extraordinaria, de los poderes públicos con el fin de mitigar sus efectos.
Este real decreto diseña medidas de apoyo adicionales a las previstas por otras administraciones, destinadas a paliar la situación padecida por quienes se dedican a la agricultura y la ganadería y se hayan visto afectados por incendios, y que se configuran como complementos a las que las comunidades autónomas respectivas, en ejercicio de sus competencias, puedan aprobar.
Las medidas están centradas en el apoyo complementario al que el sistema de seguros agrarios combinados ya brinda al sector para atender los siniestros producidos por incendios.
Así, el real decreto dispone en primer lugar una ayuda destinada a reducir el coste de la prima de las pólizas, de modo que se complemente una parte adicional del coste de la prima del seguro agrario combinado para las explotaciones afectadas por dichos incendios a titulares de las pólizas del seguro agrario combinado, hasta el 70% del coste total de la prima, en el marco del correspondiente Plan de Seguros Agrarios Combinados. Se ha optado por este importe con el fin de alcanzar el máximo que permite la normativa europea para los seguros agrícolas y para las producciones ganaderas con cobertura de accidentes y enfermedades de los animales.
En segundo lugar, estas medidas se complementan con un mecanismo de apoyo directo a las personas que se dediquen al sector primario afectadas por tales incendios, de modo que quienes sean titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan presentado daños por incendios, puedan recibir una ayuda directa y extraordinaria para aliviar los efectos de estos acontecimientos, discriminando en función del tipo de producción con el fin de amparar tanto los daños no cubiertos por el seguro agrario teniendo en cuenta las franquicias y otros parámetros establecidos en el condicionado del seguro, como los perjuicios que no se limitan a los aspectos susceptibles de aseguramiento, sino que atienden a efectos indirectos y generales, tales como los costes de retirada de elementos dañados, perjuicios por la ruptura de las relaciones comerciales previas, perturbaciones en la cadena alimentaria, afección a los medios de producción en mano común, distorsión de la estructura de suministro de insumos, o perjuicios a los elementos accesorios del sistema productivo.
Para la determinación de los importes de ayuda, se ha tomado como referencia la producción bruta media por hectárea de cada categoría de cultivo. Con objeto de compensar parcialmente el importe no cubierto por el seguro como consecuencia de la aplicación de franquicias, se ha considerado un componente equivalente al 20 % de dicha producción bruta. En el caso de los cultivos leñosos, se ha incorporado adicionalmente un componente destinado a compensar el lucro cesante, calculado a partir del margen bruto correspondiente a una anualidad de producción. Finalmente, sobre el importe resultante se ha aplicado un coeficiente corrector determinado en función de la indemnización media por hectárea estimada para cada línea de seguro, obteniéndose así la cuantía final de la ayuda por hectárea o por animal.
De esta manera, quienes participan de tal sistema de seguros, que supone un elemento esencial de sostenibilidad del sector primario, pasan a recibir un importe adicional al vinculado al propio seguro, que contribuya a paliar los costes de su contratación, y una ayuda para asegurar su recuperación, apoyando así el mantenimiento y sostenibilidad de su actividad primaria y, al propio tiempo, fomentando el aseguramiento como política agraria estructural para el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de modo que se contribuya a la consolidación de dicho modelo.
Se prevé la concesión directa de esta ayuda, según lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dada la concurrencia de circunstancias excepcionales que acreditan razones de interés público, social y económico.
Así, en estas subvenciones concurren necesidades imperiosas que exigen una pronta respuesta de las Administraciones, con el fin de asegurar el mantenimiento de las actividades agrarias, que benefician a la colectividad agroalimentaria y del medio rural en su conjunto y de aseguramiento de las políticas públicas en la materia defendidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
De esta manera, no se puede iniciar un procedimiento de concurrencia competitiva por cuanto no cabe establecer parámetros comparativos que permitan su prelación, en aras del interés público en la compensación de los efectos de los incendios acaecidos en el año 2026. Asimismo, estos fines y los objetivos de interés general, manifestados en el interés público, social, económico descrito, que se persiguen no permiten fijar prevalencias de determinados usuarios sobre otros, por cuanto no existe una relación de actos en que ese interés general se ve mejor atendido que otros, y que permitan situar un mecanismo de competencia efectiva entre las solicitudes, ni la diversidad de los perjuicios permite una efectiva comparación entre explotaciones de muy diferente naturaleza y caracteres, cuando todos los fines perseguidos se logran por igual teniendo en cuenta la exigencia de cumplir con los requisitos que el propio real decreto establece.
Concurren, pues, en el caso de este real decreto evidentes razones de interés público, social y económico que justifican la concesión directa de la ayuda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Además, puesto que para las actividades que pretenden subvencionarse no existen otros sujetos que concurran en este ámbito (por tratarse de las explotaciones afectadas por tales incendios forestales que cumplan los requisitos fijados en este real decreto) queda completamente justificada la procedencia de otorgar de manera directa las subvenciones. Su excepcionalidad impide poner en marcha un procedimiento en concurrencia competitiva, ya que, en el marco de las circunstancias concurrentes, no cabe incorporar una competencia entre las personas o entidades potencialmente interesadas que permita incluir criterios de precedencia basados en su mejor cumplimiento de las finalidades públicas perseguidas, sino que ha de extenderse la acción protectora pública a todos aquéllos aquejados por idénticas circunstancias.
En definitiva, concurren en el caso un conjunto de causas económicas y sociales que justifican la provisión de un mecanismo de apoyo directo a las personas o entidades afectadas, que prestan innegables servicios a la colectividad en términos de provisión de alimentos, garantía ambiental, redistribución de renta y fijación de población en las zonas rurales, que se acota a un universo predeterminado por la realidad y la propia norma que excluye cualquier competitividad entre proyectos a presentar, por tener una naturaleza de ayuda o reparación del quebranto padecido por tal circunstancia.
Con carácter general, los incendios afectan negativamente a la ganadería al ocasionar, entre otras cuestiones, la pérdida de ganado y pastos y la destrucción de infraestructuras. En el ámbito agrícola, los daños más graves se concentran en viñedos, justo antes de la vendimia, como ha ocurrido en destacadas comarcas vitivinícolas de Castilla y León. También se han visto afectados, entre otros, olivares, almendros y cítricos, y superficies forestales, generando importantes daños al patrimonio natural y al mundo rural, afectando a los cultivos más destacados de las respectivas regiones.
A través de estas medidas se contribuye a asegurar la viabilidad empresarial y, con ello, el mantenimiento de tejido productivo y de empleo en la zona; así como de la provisión de bienes públicos que ofrece dicho sector, que van desde la preservación del paisaje y la protección ambiental hasta la fijación de población en el medio rural o la correcta redistribución de rentas, teniendo en cuenta que el sector agroalimentario, por su trascendencia en términos sociales, económicos y medioambientales, tiene un carácter estratégico tanto en España como en toda la Unión Europea. Su misión básica es la de proporcionar a la ciudadanía alimentos sanos, seguros y que además respondan a sus expectativas de calidad, misión que la actual coyuntura puede poner en riesgo, y se fundamentan en el artículo 130.1 de la Constitución Española, según el cual «los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles».
Se ha previsto un sistema de gestión ágil y directo, que reduzca todo lo posible las cargas administrativas a las personas o entidades interesadas y responda a la urgente necesidad de allegar recursos a las personas físicas y entidades afectadas, con el fin de subvenir los gastos y pérdidas en que han incurrido quienes se dedican a la agricultura y la ganadería, de modo que se asegure la viabilidad de sus explotaciones en el corto plazo. En esta línea, en el procedimiento de concesión se prevé la publicación, sin necesidad de previa solicitud, de una propuesta de resolución con los potenciales beneficiarios que reúnan los requisitos para ello, posibilitándose que cada interesado pueda acceder electrónicamente a sus propios datos, previa identificación, para conocer el importe de su ayuda para así decidir el rechazo o no de ésta.
Por otra parte, conforme al artículo 4 de la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas, se prevé la relación electrónica de las personas o entidades interesadas en este procedimiento, ya que «en todos los procedimientos administrativos seguidos ante las autoridades competentes, las personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad beneficiarios de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), así como otros titulares de explotaciones agrarias inscritas en los correspondientes registros y empresas conexas, que la autoridad competente tenga acreditado fehacientemente que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios, deberán relacionarse con la Administración exclusivamente por medios electrónicos, bien, en todo caso, por aplicación del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, bien, en el resto de los casos y sin perjuicio de que en normas sectoriales se establezcan excepciones, por aplicación del artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en los términos previstos reglamentariamente».
Al objeto de facilitar la tramitación electrónica de las ayudas, las personas o entidades interesadas podrán relacionarse electrónicamente de forma directa con el Ministerio a través de su sede electrónica o hacerlo mediante persona física o jurídica que ejerza su representación en los términos del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tales como organizaciones profesionales agrarias, cooperativas o cualquier otro tercero que disponga de medios para relacionarse electrónicamente con la Administración y ejerza dicha representación, así como, en su caso, mediante los funcionarios a los que hace referencia el artículo 12 de la citada ley.
La concesión de estas subvenciones se llevará a cabo por la Administración General del Estado, en función de las disponibilidades presupuestarias, de forma centralizada. En palabras de la Sentencia del Tribunal Constitucional 45/2001, de 15 de febrero, «el artículo 149.1.13.ª CE puede amparar tanto normas estatales que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de sectores económicos concretos, como previsiones de acciones o medidas singulares indispensables para alcanzar los fines propuestos en dicha ordenación» (STC 155/1996, de 9 de octubre, F. 4 y jurisprudencia en ella citada). En definitiva, el Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre).
Así, para asegurar la plena efectividad de las medidas dentro de la ordenación básica del sector, y para garantizar las mismas posibilidades de obtención y disfrute por parte de las personas o entidades afectadas en todo el territorio, mediante el establecimiento de unos criterios uniformes para el acceso a las ayudas, fundamentales en este supuesto en el que no se encuentran compartimentadas, sino que se extienden al conjunto de las zonas afectadas por los grandes incendios, en que la excepcionalidad de la afección es patente, así como para evitar al propio tiempo que se sobrepase la cuantía global de los fondos dedicados al sector, sujetos a la normativa europea de ayudas públicas, se prevé la gestión centralizada de los fondos que se destinan a las subvenciones contempladas en la presente norma. Procede destacar en este sentido que el tipo de necesidades que generan las situaciones que se pretenden afrontar con esta medida responden a un patrón común en todas las zonas y tipo de explotaciones afectadas, independientemente de la comunidad autónoma donde se ubiquen, por lo que no cabe sino la gestión nacional. Asimismo, no puede fraccionarse en varias comunidades autónomas la actividad administrativa de gestión y control de las subvenciones, ni se estima posible que dicha actividad se lleve a cabo a través de mecanismos de cooperación o coordinación, al requerir un grado de homogeneidad en la ejecución que solo puede garantizar su atribución a una sola Administración titular, que, forzosamente, debe ser el Estado.
En definitiva, la Administración General del Estado tiene reservada, por el mencionado artículo 149.1.13.ª, una competencia de dirección en la que tienen cobijo normas básicas y, asimismo, previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación del sector (STC 117/1992, de 16 de septiembre). Ello se debe a su carácter transversal ya que, aun existiendo una competencia sobre un subsector económico que una comunidad autónoma ha asumido como «exclusiva» en su Estatuto, esta atribución competencial no excluye la competencia estatal para establecer las bases y la coordinación de ese subsector, y que el ejercicio autonómico de esta competencia exclusiva puede estar condicionado por medidas estatales, que en ejercicio de una competencia propia y diferenciada pueden desplegarse autónomamente sobre diversos campos o materias, siempre que el fin perseguido responda efectivamente a un objetivo de planificación económica» (sentencia del Tribunal Constitucional 74/2014, de 8 de mayo). Igualmente, la STC 11/2015, FJ 4, por remisión a la STC 79/1992, de 28 de mayo, FJ 2, ha recordado que «el sector de la agricultura y la ganadería es de aquellos que por su importancia toleran la fijación de líneas directrices y criterios globales de ordenación así como previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro de la ordenación de cada sector, destacando que «… en materia de agricultura y ganadería, siendo la competencia específica de las comunidades autónomas... el Estado puede intervenir en virtud de sus competencias generales sobre la ordenación general de la economía».
En relación con el rango de la norma, al tratarse de una ayuda de concesión directa en la que se acreditan razones de interés público, social y económico, la norma adopta la forma de real decreto en aplicación de lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. A tenor de la reiterada jurisprudencia constitucional (STC 175/2003, de 30 de septiembre, y STC 156/2011, de 18 de octubre) resulta adecuado para su regulación establecer mediante real decreto, al tratarse de normativa básica de competencia estatal. Asimismo, desde el punto de vista formal, la doctrina del Tribunal Constitucional exige el establecimiento de las bases reguladoras de subvenciones mediante una norma con rango de ley o real decreto; así, en su Sentencia 156/2011, de 18 de octubre (FJ 7), afirma que «En cuanto a la perspectiva formal, la regulación subvencional que nos ocupa debe también satisfacer las exigencias formales de la normativa básica contenidas en la antes reproducida STC 69/1988, FJ 5. Desde dicha perspectiva formal, hay que partir de que en las materias de competencia compartida en las que, como ocurre en este caso, corresponde al Estado el establecimiento de las normas básicas y a las comunidades autónomas el desarrollo normativo y la ejecución de dichas bases, la instrumentación de los programas subvencionales debe hacerse con el soporte de la ley formal siempre que sea posible, o, en todo caso, a través de norma reglamentaria del Gobierno que regule los aspectos centrales del régimen jurídico de las subvenciones, que debe comprender, al menos, el objeto y finalidad de las ayudas, su modalidad o modalidades técnicas, los sujetos beneficiarios y los requisitos esenciales de acceso... Este criterio respecto a la cobertura formal de la normativa básica ha de ser exigido, incluso con mayor rigor, en los supuestos de subvenciones estatales centralizadas en los ámbitos materiales en los que la Constitución reserva al Estado la normativa básica, toda vez que esa gestión centralizada se erige en excepción que limita el ejercicio ordinario por las comunidades autónomas de sus competencias».
De acuerdo con lo anterior, mediante el presente real decreto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17, 22.2.c), 28 y concordantes de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones, sin requerir de una convocatoria en atención al artículo 28.3 de dicho cuerpo legal, en virtud de su carácter excepcional y por una sola vez.
Estas ayudas no están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones, por cuanto en el momento de aprobación de dicho plan no pudo contemplarse la necesidad de su tramitación dado el carácter sobrevenido de la situación a la que responden.
La presente disposición se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En cumplimiento de lo previsto en la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, el proyecto de real decreto se ha sometido al procedimiento de audiencia e información públicas.
Esta norma se adecúa a los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En concreto, cumple con los principios de necesidad y eficacia, al estar justificada por las razones de interés general mencionadas de modo que resulta necesario adoptar medidas de apoyo específicas para la recuperación del sector, centradas esencialmente en los operadores asegurados, y resultar el instrumento más adecuado para la consecución de los objetivos previstos, al concentrar la ayuda en el sector agrario que ha asegurado su actividad. También se ajusta al principio de proporcionalidad, en tanto que no afecta a los derechos y obligaciones generales de la ciudadanía y las obligaciones que se imponen a las personas y entidades beneficiarias de las ayudas son las mínimas imprescindibles para asegurar el cumplimiento de su finalidad, y se respeta el principio de eficiencia ya que se ha previsto un sistema de gestión ágil y directo, que reduzca todo lo posible las cargas administrativas a las personas o entidades interesadas y responda a la urgente necesidad de allegar recursos a las personas y entidades afectadas. En cuanto a los principios de seguridad jurídica y transparencia, esta norma se adecúa a los mismos pues es coherente con el resto del ordenamiento jurídico, se ha procurado la participación de las partes interesadas mediante el trámite de audiencia e información públicas, y evita la imposición de cargas administrativas innecesarias o accesorias.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de octubre de 2026,
DISPONGO:
Artículo 1. Objeto.
Este real decreto tiene por objeto establecer las bases reguladoras, en régimen de concesión directa, de acuerdo con lo señalado por el artículo 22.2 c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de ayudas de carácter excepcional en favor de las explotaciones agrarias afectadas por incendios acaecidos en 2026 cuyos titulares hubieran suscrito cualesquiera pólizas del seguro agrario combinado y que hayan resultado indemnizables por este riesgo, en atención a la excepcional gravedad de su impacto, dado que en este año se ha alcanzado uno de los máximos históricos de superficie calcinada, haciendo necesario atender a los efectos negativos producidos sobre los operadores del sector primario.
A este efecto, se disponen dos líneas de ayudas: una destinada a complementar una parte adicional del coste de la prima del seguro agrario, y otra a subvenir las pérdidas adicionales producidas en las explotaciones agrarias asociadas a dichos fenómenos.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Además de lo previsto en este real decreto, se aplicará la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, así como lo establecido en las demás normas que resulten de aplicación, en particular en materia de ayudas de Estado, y, cuando así proceda, lo contemplado en la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.
Artículo 3. Ayuda extraordinaria para incrementar la ayuda a la prima del seguro de titulares de pólizas del seguro agrario combinado que hayan sufrido siniestro indemnizable por el riesgo de incendio.
1. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal consistente en el incremento de la subvención concedida por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., destinada a titulares de pólizas de seguro agrario combinado que hayan sufrido siniestro indemnizable, hasta el 70% de la prima del seguro, conforme al máximo permitido por la vigente normativa comunitaria sobre ayudas estatales al sector agrario, conforme al punto 1.2.1.6 del capítulo 1 de las Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales (C 485/01). Este límite del 70% se aplicará también a las pólizas del seguro para la cobertura de los gastos derivados de la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación, siempre y cuando el titular de la póliza haya suscrito también un seguro de explotación con cobertura de incendio para animales vivos (líneas de seguro de ganado de vida) con resultado de siniestro indemnizable como consecuencia de los incendios.
El Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, para 2026, cumple con lo establecido en las citadas Directrices aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales, publicadas mediante Comunicación de la Comisión Europea (2022/C 485/01). Así, la ayuda de Estado contemplada en dicho Plan ha sido reconocida como compatible con el mercado interior comunitario en virtud de la Decisión de la Comisión Europea de 19 de diciembre de 2025 [Ayuda N º SA.120707 (2025/N)]-Ayudas para el pago de primas de seguros) hasta el 31 de diciembre de 2029.
Esta ayuda se aplicará a quienes sean titulares de todas aquellas pólizas contratadas y en vigor en la fecha de ocurrencia del incendio, que deberá haberse declarado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, que hayan resultado siniestradas e indemnizables por tal motivo y dispongan de las correspondientes actas de tasación acreditativas.
2. El importe de esta subvención suplementaria correspondiente a cada póliza de hasta el 70% de la prima del seguro, se calculará detrayendo la cuantía de la subvención que ya se hubiera otorgado por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., (ENESA) y, en su caso, por la comunidad autónoma correspondiente, de modo que el importe a abonar se obtiene conforme a la siguiente fórmula:
Ayuda = (0,7 × coste de la prima) − (subvención ENESA + subvención autonómica)
3. La ayuda consiste en una subvención complementaria a la del seguro, que se concederá en el ámbito del plan anual de seguros agrarios en el que se suscribió la póliza, estando, por tanto, sujeta a los requisitos establecidos en el correspondiente plan, en los mismos términos que las demás pólizas.
4. El pago de esta ayuda se efectuará por la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, SA, (AGROSEGURO) en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, siempre y cuando estuvieran disponibles las correspondientes actas de tasación acreditativas, en la cuenta corriente que figure en la póliza del asegurado, en virtud del convenio entre la Agrupación y ENESA. En el caso de que, a fecha de entrada en vigor de este real decreto, no estuvieran disponibles las citadas actas, el pago se realizará en el plazo máximo de un mes a contar desde el día en que estén disponibles.
Artículo 4. Ayuda extraordinaria para las explotaciones agrarias afectadas por incendios.
1. Se aprueba una ayuda extraordinaria y temporal, bajo el sistema de ayudas de minimis conforme al Reglamento (UE) n° 1408/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola, destinada a titulares de pólizas de seguro agrario combinado cuyas producciones aseguradas hayan resultado indemnizables por daños ocasionados por incendios, cuya cuantía ascenderá a los importes por hectárea o cabeza de ganado o colmena que figuran a continuación:
Adicionalmente a las cuantías anteriores, se establece un importe suplementario, en atención a la pérdida de pastos y de superficies de alimentación, para las pólizas con siniestro indemnizable de producciones ganaderas contratadas en las distintas modalidades de regímenes extensivos y para las pólizas de apicultura contratadas bajo los distintos regímenes de manejo que establece la línea de seguro de 100 euros por animal asegurado, salvo ovino asegurado, que serán 15 euros, o colmena asegurada, que serán 30 euros, en la correspondiente póliza de seguro.
Con respecto de las explotaciones apícolas, su ubicación se acreditará mediante los datos de ubicación principal, conforme al artículo 5.2 d) del Real Decreto 209/2002, de 22 de febrero, por el que se establecen normas de ordenación de las explotaciones apícolas, que aparezcan recogidos en el Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA).
Esta ayuda se aplicará a quienes sean titulares de todas aquellas pólizas contratadas y en vigor en la fecha de ocurrencia del incendio, que deberá haberse declarado entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026, que hayan resultado siniestradas e indemnizables por tal motivo y dispongan de las correspondientes actas de tasación del seguro acreditativas del siniestro indemnizable. No se considerarán susceptibles de esta ayuda aquellas pólizas que hayan sido comunicadas a AGROSEGURO con un plazo superior a los siete días hábiles posteriores a la fecha de 30 de septiembre anteriormente referida.
2. El importe de esta subvención se determina multiplicando las hectáreas, cabezas de ganado o colmenas siniestradas e indemnizables por los importes fijados en el apartado anterior según cada categoría.
3. No se concederá esta ayuda cuando el importe a percibir por el beneficiario por la correspondiente póliza resulte inferior a 50 euros.
4. El procedimiento de concesión de esta ayuda, que será electrónico, se iniciará de oficio con la entrada en vigor de este real decreto y se instruirá por el órgano de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación que determine su titular, y se ajustará a las siguientes reglas:
a) La Subsecretaría publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del presente real decreto, siempre y cuando estuvieran disponibles las correspondientes actas de tasación acreditativas, la propuesta de resolución que contenga la relación de personas y entidades titulares de las pólizas en las que concurran los requisitos contemplados en este artículo, así como la cuantía de la ayuda a percibir conforme a los datos que facilite ENESA. Este plazo se entenderá cumplido con la publicación de la primera propuesta de resolución, en caso de que hubiera varias, que se irán publicando a medida que se vaya conociendo el resultado de las peritaciones.
b) Las personas y entidades que figuren en la propuesta de resolución a la que se refiere la letra anterior dispondrán de un plazo de tres días hábiles desde la publicación de aquélla para rechazar la ayuda o comunicar los errores materiales de identificación o de información personal que pudieran apreciar en la misma. Dichas comunicaciones se realizarán por los medios electrónicos que se indiquen en la citada resolución.
c) Trascurrido el plazo previsto en el apartado anterior y en todo caso en el plazo máximo de diez días, la Subsecretaría publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la propuesta de resolución con la relación de personas y entidades titulares de las explotaciones en las que concurran los requisitos contemplados en este artículo que no hubieran rechazado la ayuda, así como la cuantía de la ayuda a percibir.
Respecto de las personas o entidades propuestas, se procederá a la verificación de que se no encuentran en ninguno de los supuestos del artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a la letra d).
d) A efectos de lo previsto en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, O.A., con base en la habilitación que le confiere el artículo 16 del Real Decreto 425/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Administración General del Estado al Seguro Agrario, verificará y comunicará a la Subsecretaría que los beneficiarios no se encuentran en ninguna de las circunstancias previstas en el citado artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, que se encuentran al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Las personas o entidades interesadas que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social figurarán en una propuesta de resolución, disponiendo de un plazo máximo de siete días hábiles para revertir dicha situación.
Tras la correspondiente comprobación de que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, la persona titular de la Subsecretaría dictará resolución en que se disponga la concesión de la ayuda para estas personas o entidades interesadas que pasen a estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y la denegación de la ayuda para el resto.
f) Una vez realizadas las oportunas comprobaciones, se procederá al pago de la ayuda, que se realizará en la cuenta corriente que figura en la póliza del asegurado, sin que puedan sobrepasarse en ningún caso los topes que para las ayudas de minimis establece la normativa europea.
En el caso de pólizas cuyos titulares sean entidades asociativas, éstas procederán al pago del importe correspondiente a cada socio siguiendo el mismo procedimiento utilizado para la distribución de las indemnizaciones del seguro agrario.
g) El órgano instructor podrá recabar la aportación adicional de cuantos documentos o datos aclaratorios estime necesarios.
5. El plazo máximo para resolver y publicar en el tablón de anuncios de la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conforme al artículo 45.1 primer párrafo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la resolución del procedimiento no podrá exceder de seis meses, a computar desde la entrada en vigor de este real decreto. Transcurrido dicho plazo sin haberse publicado resolución expresa, las personas o entidades interesadas estarán legitimadas para entender desestimada su concesión por silencio administrativo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. Contra la o las resoluciones que se dicten, que no ponen fin a la vía administrativa, las personas o entidades interesadas podrán interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Artículo 5. Financiación.
1. La financiación de las ayudas referidas en los artículos 3 y 4, que ascenderán a un importe total máximo de 9.000.000,00 euros, se realizará con cargo a las partidas que con tal fin se creen tanto en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación como en el de ENESA, conforme al artículo 67.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El importe destinado a la ayuda prevista en el artículo 3 se adicionará al presupuesto aprobado para el Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 (publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación). Este importe podrá ser librado en una única vez.
3. En el caso de que, de forma excepcional, se concediera financiación del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) para estas ayudas, los gastos realizados podrán ser utilizados en la justificación de esta financiación.
Artículo 6. Requisitos y obligaciones de los beneficiarios.
1. Para la obtención de las ayudas previstas en este real decreto, los beneficiarios deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las personas y entidades beneficiarias tienen la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación que deban realizar las autoridades competentes, así como a las actuaciones de control financiero que se puedan ejercer por la Intervención General de la Administración del Estado y, en su caso, las instituciones europeas, y la obligación de conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos en tanto no prescriba el derecho de la Administración para exigir el reintegro.
3. Asimismo, cumplirán las obligaciones que les resulten de aplicación contenidas del artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 7. Compatibilidad.
1. Estas ayudas son compatibles entre sí y con la percepción de otras subvenciones o ayudas otorgadas por cualesquiera Administraciones, si bien se sujetarán a los importes y condiciones fijados por la normativa europea correspondiente.
2. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación comprobará de oficio en la Base de Datos Nacional de Subvenciones el cumplimiento de estos requisitos, en cuyo caso se descontará el importe que proceda en los casos en que se superen los límites previstos en el apartado anterior.
Artículo 8. Publicidad de las ayudas.
1. Las subvenciones previstas en este real decreto serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
2. En particular, las resoluciones que se dicten conforme al artículo 4 se remitirán a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 30 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo.
3. La información sujeta a las obligaciones de transparencia será publicada en la sede electrónica asociada del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de una manera clara, estructurada y entendible para las personas o entidades interesadas. Haciendo uso de esta previsión, contenida en el artículo 5.4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Base de Datos Nacional de Subvenciones servirá de medio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.
Artículo 9. Justificación, reintegro y régimen sancionador.
1. En atención a su naturaleza, la justificación de las subvenciones se realizará por la concurrencia de los requisitos que justificaron su concesión, sin perjuicio de los controles que procedan conforme a este real decreto y la restante normativa de aplicación.
2. Será motivo de reintegro de la ayuda percibida, junto con los intereses de demora, el incumplimiento por parte de las personas o entidades beneficiarias de los requisitos y obligaciones establecidos en este real decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como de las condiciones que, en su caso, establezca la resolución de concesión.
3. El reintegro de la presente ayuda que en su caso proceda exigir se acomodará al principio de proporcionalidad, de acuerdo con lo previsto en el artículo 37.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre. En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso, el incumplimiento de la obligación de someterse a las actuaciones de comprobación supondrá el cien por cien de devolución como porcentaje a reintegrar.
4. En cuanto al régimen sancionador, será de aplicación lo previsto en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, se aplicará lo dispuesto en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición final primera. Modificación del Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 (publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación).
Con salvaguarda de su carácter de acto administrativo, se incorpora un nuevo párrafo al apartado décimo del Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025 (publicado por Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación), con la siguiente redacción:
«De manera adicional al presupuesto asignado en el párrafo primero, la aportación del Estado para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 849/2026, de 21 de octubre, por el que se regula la concesión directa de ayudas para apoyar a titulares de pólizas contratadas en el marco del sistema de seguros agrarios combinados por los daños producidos sobre la actividad agraria por los incendios acaecidos en 2026, asciende a 3.000.000,00 euros.»
Disposición final segunda. Título competencial.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 21 de octubre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
LUIS PLANAS PUCHADES
Agricultura
Ayudas
Bosques
Catástrofes
Entidad Estatal de Seguros Agrarios
Explotaciones agrarias
Ganadería
Incendios forestales
Seguros agrarios combinados
Referencias
Afecta a disposiciones anteriores (4)
modificael apartado 10 del Plan publicado por la Resolución de 23 de diciembre de 2025Resolución de 23 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de diciembre de 2025, por el que se aprueba el Cuadragésimo Séptimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
citaLey 30/2022, de 23 de diciembreLey 30/2022, de 23 de diciembre, por la que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común y otras materias conexas.