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Regula la Hacienda Pública de la Comunidad de Madrid: su sector público, los derechos y obligaciones económicos, los presupuestos, el control interno y la contabilidad, las operaciones financieras y los avales, y la Tesorería. Establece las competencias de cada órgano en materia económica y financiera.

Aprueba medidas urgentes para proteger a personas en situación de vulnerabilidad social. Incluye cambios en vivienda, energía, empleo, impuestos y en la financiación de comunidades autónomas y ayuntamientos.

Fija los precios de referencia de 2025 para el petróleo, los condensados y el gas natural extraídos en concesiones sujetas al Impuesto sobre el Valor de la Extracción. Estos precios sirven para calcular el valor de la extracción y los pagos a los propietarios de los terrenos.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para 2026 en La Rioja. Incluye cambios en impuestos cedidos y propios, como ajustar la escala autonómica del IRPF cuando el IPC de diciembre supere el 3 %, y modificaciones en sucesiones y donaciones. También modifica normas sobre carreteras, igualdad, servicios sociales, función pública, urbanismo y salud.

Aprueba los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2026: fija los gastos e ingresos de la Junta y de sus entes dependientes, regula las retribuciones del personal y las operaciones financieras y tributarias. También establece las transferencias y delegaciones de competencias a los ayuntamientos.

Aprueba el modelo 017 para que los contribuyentes declaren y paguen por vía electrónica la tasa que financia a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Fija el lugar, el plazo y la forma de presentación de ese modelo y deroga la orden anterior de 2014.

Establece cómo se hacen por medios electrónicos, informáticos y telemáticos las actuaciones en los procedimientos de aplicación de los tributos que tramita la Dirección General de Tributos. También prevé la aprobación de un formulario para presentar consultas y de un modelo de representación voluntaria.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra dos preceptos de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2025. Uno afecta a la ordenación sanitaria y otro a medidas tributarias, administrativas y sociales. Los preceptos quedan suspendidos desde el 30 de septiembre de 2025.

Modifica el destino de los ingresos del impuesto sobre instalaciones que inciden en el medio ambiente de la producción de energía eléctrica nuclear. Amplía el fondo nuclear a proyectos de reindustrialización, transición energética, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y crea fondos de gestión forestal y de protección del sector pesquero.

Crea en Navarra el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras. Grava el margen de intereses y comisiones que obtienen entidades de crédito, sucursales de crédito extranjeras y establecimientos financieros de crédito por su actividad en España. La ley regula quién paga, la base, los tipos y la gestión del tributo.

Modifica el Código tributario de Cataluña para adaptar la Agencia Tributaria de Cataluña al nuevo sistema de financiación singular. Establece medidas urgentes sobre su régimen jurídico y regula el acceso al cuerpo de agentes tributarios.

Aprueba los modelos 240, 241 y 242 para declarar e ingresar el Impuesto Complementario, que busca que los grandes grupos de empresas tributen al menos al 15 % en cada país. Fija quién debe presentarlos, qué información incluyen, los plazos y cómo se presentan por vía electrónica.

Modifica la normativa de tributos cedidos de la Comunidad de Madrid para subir la bonificación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones a los parientes del Grupo III. También simplifica requisitos para acceder a beneficios fiscales en el Impuesto sobre Donaciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 15.seis del texto refundido de tributos cedidos de Galicia. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto. Las partes del procedimiento judicial de origen pueden personarse en el plazo de quince días.

La ley crea el Estatuto de los municipios rurales de Cataluña. Establece medidas para reforzar su financiación, mejorar los servicios públicos, facilitar el acceso a la vivienda y luchar contra el despoblamiento. También regula las relaciones entre estos municipios y otras administraciones.

Aprueba los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2025, fijando los créditos iniciales de la Administración General, organismos autónomos y entidades públicas, y regulando su financiación. Incluye normas sobre modificaciones de crédito, gastos de personal, gestión presupuestaria, deuda pública, avales y tributos.