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Reúne en un solo texto las normas de Cataluña sobre los impuestos cedidos por el Estado: IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego, medios de transporte y depósito de residuos. Sustituye la regulación que estaba repartida en varias leyes y decretos.

Este decreto-ley incrementa el indicador de renta de suficiencia de Cataluña (IRSC), que sirve para valorar la situación económica de las personas y decidir el acceso a prestaciones sociales. El aumento busca mitigar situaciones de necesidad y privación económica de la ciudadanía catalana.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. Concede directamente a la Comunidad Valenciana y a Cataluña las cantidades adicionales que solicitaron.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos y disposiciones del Decreto-ley de Cataluña 3/2023, que regula el régimen urbanístico de las viviendas de uso turístico. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Establece las restricciones a la circulación en las carreteras interurbanas y travesías de Cataluña durante 2024, incluidas las de vehículos de mercancías, transportes especiales y mercancías peligrosas, y fija sus exenciones. También regula las sanciones y medidas cautelares por incumplirlas.

Modifica el artículo 8 de la Ley 21/2000 de Cataluña, que regula cómo se formaliza el documento de voluntades anticipadas. Cambia los requisitos para otorgarlo, de modo que no sea necesario ir ante notario ni reunir tres testigos.

Modifica varios reales decretos para regular la formación en capacidades digitales de profesionales del sector cultural. Esta formación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y en el Plan Nacional de Competencias Digitales.

Regula las necesidades financieras de la Generalitat de Cataluña mientras no se aprueban los presupuestos de 2024 y se mantiene prorrogado el presupuesto de 2023. También modifica la Ley 11/2011 para licitar un nuevo contrato de gestión del IDIADA y ordenar la venta de parte de sus acciones.

La ley cambia el nombre del Consejo Escolar de Cataluña, que pasa a llamarse Consejo de Educación de Cataluña, y fija por ley su composición y su estructura interna. Regula también los cargos de presidente, vicepresidente, vocales y secretario, y las comparecencias y colaboraciones externas.

La ley regula el fomento del asociacionismo en Cataluña. Define qué es el asociacionismo y establece medidas de apoyo a asociaciones, fundaciones, plataformas ciudadanas y grupos sociales. También crea la Agencia Catalana de Fomento del Asociacionismo y regula la coordinación entre administraciones.

Establece que las viviendas de uso turístico en determinados municipios de Cataluña necesitan una licencia urbanística previa para dedicarse a esa actividad. Fija los municipios afectados y prevé una revisión periódica de la norma.

Regula la concesión directa de subvenciones a fundaciones del sector público que trabajan en investigación, desarrollo e innovación. Establece el procedimiento, las entidades beneficiarias, los gastos subvencionables, las cuantías y la forma de justificar y pagar las ayudas.

Establece medidas para facilitar el acceso de las personas dependientes y con discapacidad a los servicios sociales públicos de Cataluña. Sube los importes máximo y mínimo de la prestación económica para residencia asistida y declara gratuitas algunas prestaciones de la Cartera de Servicios Sociales.

Modifica la ley catalana contra la violencia machista para regular las indemnizaciones y ayudas a las mujeres víctimas y ampliar el derecho a la reparación integral. Añade dos disposiciones adicionales a la Ley 5/2008 y fija la coordinación entre departamentos y los efectos presupuestarios.

Aprueba la revisión y actualización del plan de gestión del riesgo de inundación del distrito de cuenca fluvial de Cataluña. El plan se actualiza cada seis años, siguiendo las fases de evaluación preliminar del riesgo, mapas de peligrosidad y de riesgo, y planes de gestión.