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Modifica la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para las entidades de la Seguridad Social. Cambia el nombre de algunos indicadores presupuestarios de la memoria de las cuentas anuales para evitar confusión con el «período medio de pago» de la normativa de estabilidad presupuestaria.

Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

Regula los principios generales y la organización del sistema de información contable de la Seguridad Social. Sustituye al Real Decreto 508/2000 y actualiza el marco que aplica la Intervención General de la Seguridad Social. Incluye el ámbito de aplicación, los fines y los principios del sistema.

Modifica el Real Decreto 706/1997 para permitir que los expedientes de reconocimiento de prestaciones de la Seguridad Social se repartan automáticamente entre las distintas intervenciones delegadas, según las cargas de trabajo. También amplía la competencia territorial de los órganos provinciales de las entidades gestoras.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica el ámbito territorial de varias unidades de recaudación ejecutiva de la Seguridad Social en Araba/Álava, Córdoba, A Coruña, Madrid y Valencia. Algunas unidades dejan de operar y su territorio se integra en otras, y se añade un distrito postal en Córdoba.

Modifica el Real Decreto 615/2007, que regula la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales de familiares en situación de dependencia. Cambia el cálculo del convenio especial cuando la persona cuidadora reduce su jornada laboral para atender al familiar.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Desarrolla las normas de cotización a la Seguridad Social, desempleo, cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para 2021. Fija bases, topes y tipos de cotización, incluidos los de colectivos con sistemas especiales y contratos a tiempo parcial.

Actualiza los diseños y la forma de cumplimentar varios modelos informativos tributarios anuales, entre ellos los de alquileres, donativos, cotizaciones por maternidad, activos financieros y cuentas financieras. Introduce precisiones técnicas para evitar errores al rellenarlos.

Aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para 2021-2023. El plan fija 40 objetivos en cuatro ejes: calidad del empleo y derechos laborales, capacidad de control, modernización del organismo y actividad internacional.

Fija el plazo especial para ingresar las diferencias de cotización que resultan de aplicar las nuevas bases de cotización del Régimen Especial de la Minería del Carbón para 2021. Esas diferencias se ingresan en un único plazo, el del mes de febrero de 2022.

Fija las bases normalizadas de cotización por contingencias comunes para 2021 en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. Para calcularlas se tienen en cuenta las bases de cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales del periodo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2021, que prorroga medidas de protección social para situaciones de vulnerabilidad social y económica. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

Prorroga hasta el 31 de octubre de 2021 varias medidas de protección social y económica que estaban vigentes por normas anteriores frente a situaciones de vulnerabilidad. Incluye medidas sobre vivienda y sobre violencia de género, y modifica otras normas para ajustar su vigencia.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 248.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial. Declara la nulidad parcial de ese precepto por vulnerar el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, siguiendo la doctrina de la STC 91/2019.

Modifica el Real Decreto-ley 17/2020, que aprobó medidas de apoyo al sector cultural y tributarias frente al COVID-19. Cambia la exposición de motivos y añade una disposición adicional sobre la compra de bienes muebles del Patrimonio Histórico por el sector público.