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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 26/2020, que recoge medidas de reactivación económica frente al impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública restablece medidas para los Registros de Lleida y municipios del Baix Segrià por los rebrotes de COVID-19. Emite certificados para el desplazamiento del personal registral, prorroga el plazo de calificación y despacho y fija la atención al público por vía telemática y telefónica.

Establece medidas para reactivar la economía tras el impacto del COVID-19 en transportes y vivienda. Incluye normas sobre gestión de pasajeros aéreos, ajustes en tasas portuarias, moratorias de préstamos para transporte por carretera y facilidades para el alquiler asequible.

Concede dos subvenciones directas a la Universidad Politécnica de Madrid y al Servicio de Salud del Principado de Asturias para actuaciones en materia de seguridad minera. Fija el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.

Establece mejoras en las condiciones de trabajo de los pescadores, incorporando al derecho español el Convenio 188 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el trabajo en la pesca. Regula la repatriación, la alimentación, el alojamiento a bordo y la atención médica.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, que establece medidas urgentes de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Este real decreto actualiza y unifica las normas de seguridad que se aplican a las actividades de buceo en España. Regula las modalidades y técnicas de buceo, las condiciones generales de seguridad, los requisitos de formación y salud, y la intervención de la Administración Marítima.

Publica un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio Interior con recomendaciones sanitarias para la actividad comercial tras el estado de alarma por COVID-19. Las comunidades y ciudades autónomas pueden aplicarlas en sus territorios para mantener un marco común de seguridad.

Modifica y deroga normas sobre calidad y seguridad industrial. Elimina la homologación administrativa de ciertos productos y deroga reglas nacionales sustituidas por reglamentos europeos. También ajusta la regulación de la actividad industrial y los servicios en talleres de reparación de vehículos.

Establece medidas de prevención, contención y coordinación frente a la crisis sanitaria del COVID-19. Regula el uso obligatorio de mascarillas, las condiciones de higiene en centros de trabajo, comercios, hostelería, centros sanitarios y educativos, transportes y otros sectores. También fija la vigilancia epidemiológica, el control de medicamentos y un régimen sancionador.

Activa la fase 3 del Plan de Desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 9 de junio de 2020. Esta fase busca alcanzar el 100% del trabajo de los efectivos de cada centro de destino, con criterios sobre turnos de tarde, teletrabajo y personal de especial sensibilidad.

Activa la Fase 2 del Plan de desescalada de la Administración de Justicia frente al COVID-19 desde el 26 de mayo de 2020. También modifica el Esquema de Seguridad Laboral sobre el uso de mascarillas y los partes de baja y alta por coronavirus.

Aprueba las medidas de seguridad laboral frente al COVID-19 y un plan de desescalada por fases para la Administración de Justicia. Activa la Fase I desde el 12 de mayo de 2020 y fija criterios para el trabajo en turnos de tarde.

Establece cómo detectar, controlar y gestionar las fuentes radiactivas huérfanas, es decir, las que quedan fuera del control reglamentario. Regula la vigilancia en instalaciones que reciclan metales y en lugares de tránsito, y las actuaciones ante su presencia o ante emergencias radiológicas.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, que adopta medidas urgentes en materia de empleo agrario. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Amplía seis meses la validez de certificados de formación sanitaria, de revisión de botiquines a bordo y médicos de aptitud para el embarque en el sector marítimo-pesquero durante el estado de alarma por COVID-19. También permite solicitar telemáticamente la revisión de botiquines y deroga la resolución anterior de 16 de marzo.

Establece medidas urgentes y temporales para asegurar que haya suficientes trabajadores en las labores agrarias durante la crisis del COVID-19. Regula quién puede acogerse a la flexibilización laboral, la compatibilidad de prestaciones y las obligaciones de las empresas.