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Regula la producción y gestión de residuos en España para avanzar hacia una economía circular. Establece la jerarquía de residuos, objetivos de prevención, reutilización y reciclado, y obligaciones para productores y gestores. Incluye medidas fiscales, normas sobre suelos contaminados y un régimen sancionador.

Establece las garantías financieras que deben constituir las empresas que tratan residuos y los sistemas de responsabilidad ampliada. Regula cómo se formalizan la fianza y el seguro de responsabilidad civil, su importe, vigencia, cancelación y ejecución.

Modifica los anexos I, II, III y VI del Real Decreto 506/2013, que regula los productos fertilizantes. Adapta la norma nacional al Reglamento (UE) 2019/1009, que se aplica desde el 16 de julio de 2022 y sustituye al Reglamento (CE) 2003/2003 sobre abonos.

Establece que los orujos grasos que salen de las almazaras se consideren subproductos, y no residuos, cuando se destinan a extraer aceite de orujo de oliva crudo. Fija los requisitos que deben cumplir y las obligaciones de quien los produce y de quien los usa.

Establece los criterios para que el caucho granulado y el polvo de caucho obtenidos de neumáticos fuera de uso dejen de ser considerados residuos cuando se destinan a ciertas aplicaciones. También modifica otras órdenes sobre papel y cartón recuperado, aceite usado y fuel recuperado.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de Aragón. El dinero financia trabajos de control y vigilancia de suelos contaminados por la antigua fabricación de lindano en Sabiñánigo (Huesca).

Establece el sistema de recursos propios de la Unión Europea: las categorías de ingresos con los que se financia, cómo se calculan y los límites máximos. Incluye medios extraordinarios y temporales para hacer frente a la crisis de la COVID-19 y deroga la decisión anterior de 2014.

Actualiza los formularios de los anexos II y III del Real Decreto 1381/2002 sobre instalaciones portuarias de recepción de desechos de buques. Adapta estos modelos a las nuevas categorías de basuras del Convenio MARPOL. Regula la comunicación previa de desechos y el recibo de residuos.

Regula la gestión de los vehículos al final de su vida útil: la entrega y recogida del vehículo, su descontaminación y tratamiento en centros autorizados, los objetivos de reutilización y reciclado, y las obligaciones de los fabricantes. También modifica el Reglamento General de Vehículos.

Modifica dos normas sobre residuos: la de pilas y acumuladores y la de aparatos eléctricos y electrónicos. Incorpora al derecho español una directiva europea sobre jerarquía de residuos y sobre la comunicación de datos de gestión de residuos.

Este acuerdo multilateral permite que los materiales radiactivos de baja actividad específica BAE-III no tengan que pasar el ensayo de lixiviación que exige el ADR para su transporte. El resto de requisitos del ADR para transportar estos materiales se mantiene. El acuerdo vale hasta el 31 de diciembre de 2022.

Establece las normas para dar una subvención directa a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El dinero financia obras de seguridad y clausura de la instalación de residuos mineros abandonada «El Lirio», en Cartagena.

Modifica el Real Decreto 1619/2005, que regula la gestión de neumáticos fuera de uso. Actualiza las obligaciones de los productores de neumáticos y su responsabilidad ampliada, y adapta la norma a la normativa europea de residuos.

Regula cómo se eliminan los residuos depositándolos en vertederos. Establece qué residuos pueden admitirse, cómo se autorizan y controlan las instalaciones y qué obligaciones tienen al cerrarse. También fija objetivos para reducir el vertido y criterios de admisión.

Regula el traslado de residuos dentro de España. Establece los requisitos comunes a todos los traslados, como el contrato de tratamiento y el documento de identificación, y los específicos, como la notificación previa y la oposición al traslado. También regula la vigilancia, el control y la inspección.

Modifica dos órdenes del Ministerio de Sanidad dictadas durante el estado de alarma por el COVID-19: una sobre gestión de residuos y otra sobre la flexibilización de restricciones en la fase 2 del plan de transición hacia la nueva normalidad.

Establece los criterios para decidir cuándo el papel y el cartón recuperado que se destina a fabricar nuevo papel y cartón deja de ser considerado residuo. Fija requisitos de uso, mercado, calidad y ausencia de impactos adversos, y regula la declaración de conformidad y el sistema de gestión del productor.

Permite transportar desechos médicos sólidos o clínicos de Categoría A destinados a su eliminación bajo el número ONU 3549, con reglas propias de embalaje y etiquetado. Establece cómo clasificar estos desechos y qué envases se autorizan. El acuerdo es válido hasta el 31 de diciembre de 2020.