Buscar en el BOE

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por las Cortes de Aragón contra la Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso queda admitido y se tramitará ante el Pleno.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la Ley Orgánica de amnistía para Cataluña, planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El Pleno se reserva el conocimiento del asunto.

Establece medidas urgentes para paliar los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye ayudas para renovar vehículos dañados, financiación para pymes y empresas turísticas, apoyo al comercio internacional y medidas procesales, energéticas, educativas, culturales y deportivas.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y más de cincuenta senadores.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Supremo sobre el artículo 1 de la Ley Orgánica de amnistía en Cataluña. El Tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del recurso se personen.

La ley establece una amnistía para determinados actos relacionados con el proceso independentista en Cataluña. Fija qué hechos quedan amparados y cuáles se excluyen, y regula cómo se extinguen las responsabilidades penal, administrativa y contable. También indica qué órganos aplican la amnistía y con qué procedimiento.

Aprueba el nuevo arancel de derechos de los profesionales de la Procura, que sustituye al de 2003. Fija cómo se calculan y cobran sus derechos en los distintos órdenes judiciales y actuaciones. Establece un máximo de 75.000 euros por asunto y elimina los mínimos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2023, que aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Ordena su publicación para general conocimiento.

Aprueba medidas urgentes para ejecutar el Plan de Recuperación con fondos europeos. Regula la digitalización de la justicia, cambios en el empleo público, la reforma de la ley de régimen local y los incentivos fiscales al mecenazgo.

Desarrolla la Ley 52/1997 sobre la asistencia jurídica al Estado. Regula cómo la Abogacía General del Estado emite informes y defiende al Estado en juicios, y cómo presta asistencia a órganos constitucionales y entidades públicas. Sustituye al reglamento anterior de 2003.

El Tribunal Constitucional fija qué días se consideran inhábiles en los procesos constitucionales: se aplica la legislación procesal ordinaria. En los recursos de amparo electorales los plazos se cuentan siempre en días naturales. El Tribunal puede actuar en días inhábiles por causa urgente y en incidentes de medidas cautelares.

Modifica la Ley 5/2018 de la Comunidad de Madrid sobre víctimas del terrorismo. Amplía su ámbito a atentados ocurridos en la región y a quienes se trasladaron a Madrid por esa causa, y permite a la Comunidad ejercer la acción popular en ciertos delitos.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre dos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, planteados por un juzgado en un proceso de ejecución. Las partes en ese proceso pueden personarse en el plazo de 15 días.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en España. Prohíbe la discriminación por motivos como nacimiento, raza, sexo, religión, edad o discapacidad en ámbitos como el empleo, la educación, la sanidad, la vivienda o los servicios. Crea la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y fija infracciones y sanciones.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 11/2021 de Canarias, que regula la alerta sanitaria y las medidas para controlar la pandemia de COVID-19. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados y también impugna varios artículos concretos de esa norma.