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Concede una subvención directa a la Delegación en España del ACNUR para un programa de integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional durante 2020. Regula el procedimiento, la cuantía, el pago, la justificación y las obligaciones de la entidad beneficiaria.

Fija los precios públicos que cobra ANECA por los servicios de formación, evaluación y certificación de los programas AUDIT y AUDIT Internacional, dirigidos a centros de educación superior. Estos servicios son voluntarios y se prestan a las universidades e instituciones que los soliciten.

Establece las bases para conceder ayudas a pequeñas y medianas empresas españolas que quieran mejorar su ciberseguridad. Las ayudas consisten en un asesoramiento personalizado para conocer su nivel de seguridad y fijar un plan de mejora, dentro del Programa Activa Ciberseguridad.

Crea el Programa Jóvenes Delegados de Naciones Unidas en España, que selecciona a jóvenes para participar en delegaciones nacionales ante la ONU. Regula los fines, las actividades, la duración, el número de participantes, los requisitos y el proceso de selección.

Publica el acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional que aprueba el procedimiento para elaborar la Estrategia de Seguridad Nacional 2021. El procedimiento fija qué órgano la elabora, crea una Comisión de Alto Nivel y establece cómo se aprueba.

El Consejo de Seguridad Nacional aprueba el procedimiento para revisar y elaborar una nueva Estrategia de Seguridad Energética Nacional. El texto fija quién la elabora y cómo se organiza el trabajo.

Publica el Procedimiento de actuación contra la desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional. Crea un sistema nacional para prevenir, detectar, alertar, seguir y responder a la desinformación, y una Comisión Permanente que coordina a los organismos implicados.

Aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación ambiental de las Illes Balears. Regula cómo se evalúan los efectos sobre el medio ambiente de planes, programas y proyectos antes de aprobarlos o ejecutarlos. Incluye el procedimiento, el órgano ambiental competente y el régimen de seguimiento y sanciones.

Regula la concesión directa de subvenciones a cuatro entidades (Fundación CEPAIM, Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano y Federación Española de Universidades Populares) para desarrollar el programa SARA. Este programa se dirige a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como migrantes, de etnia gitana, jóvenes y mayores de 45 años.

Publica el acuerdo del Consejo de Ministros que fija los criterios de reparto entre las comunidades autónomas y la distribución resultante de 40 millones de euros para el programa educativo #PROA+ del curso 2020-21, creado por la pandemia de COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo. La norma se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 6 de julio de 2020.

Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Corrige errores materiales del Acuerdo entre el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la OIM para proyectos de reasentamiento, retorno voluntario asistido y reintegración, reubicación e integración. Cambia fechas de ejecución, nombres de ministerios y responsables de actividades.

Regula cómo el Ministerio de Ciencia e Innovación emite una certificación para identificar a las empresas y deudas que pueden acogerse al aplazamiento y fraccionamiento del pago de préstamos de convocatorias de I+D+i. También fija la documentación que la empresa presenta ante la Delegación de Economía y Hacienda para pedir el aplazamiento con dispensa de garantía.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la Ley 9/2019, que modificó la Ley de Caza de Castilla y León. El tribunal se reserva el conocimiento del asunto y abre un plazo para que las partes del procedimiento se personen.

Modifica las directrices básicas y los planes estatales de protección civil para mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. Incluye criterios de accesibilidad en la información y en los servicios de emergencia.

Publica un Acuerdo del Consejo de Ministros que modifica las directrices básicas de planificación de protección civil y los planes estatales de protección civil. El objetivo es mejorar la atención a las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias.