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Crea y regula el Registro de Contratos Alimentarios, un registro digital obligatorio para los contratos entre productores primarios y sus compradores. Establece quién debe inscribirse, cómo hacerlo y el acceso de las autoridades.

Establece requisitos de higiene para producir y vender alimentos en comercios al por menor, como temperaturas, congelación, comidas preparadas, carnes, pescado, huevo y donación de alimentos. También regula adaptaciones de higiene, controles oficiales y sanciones.

Establece los criterios técnicos para considerar a un operador como «pertinente» y los medios electrónicos (el sistema SIEGA) para comunicar las existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz. Fija también la periodicidad y las fechas de esas comunicaciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Cambia las reglas sobre contratos entre productores, transformadores y distribuidores, y refuerza el control de las prácticas comerciales. También crea o ajusta órganos de ejecución y denuncia.

Modifica el Real Decreto 237/2000, que fija las especificaciones técnicas de los vehículos especiales para transportar productos alimentarios a temperatura regulada. Actualiza los procedimientos de control de conformidad para usar medios electrónicos en certificados y contraseñas de certificación de tipo.

Actualiza los anejos del Real Decreto 237/2000, que fija las especificaciones técnicas de los vehículos especiales para transportar productos alimentarios a temperatura regulada. Concreta el control de conformidad de los vehículos en servicio y de la producción, e introduce disposiciones de seguridad y salud laboral.

Actualiza los anexos I y II de la Orden de 20 de enero de 1994 sobre control sanitario de productos de comercio exterior. El anexo I recoge la lista de mercancías para uso o consumo humano sometidas a control en frontera, adaptada a la nomenclatura arancelaria europea vigente desde el 1 de enero de 2021. El anexo II fija los recintos aduaneros habilitados para esos controles.

Regula cómo se aplican en España las normas europeas de higiene en la producción y venta de alimentos. Establece excepciones y adaptaciones para ciertos establecimientos y productos, y fija qué actividades quedan fuera de esas normas, como el consumo doméstico privado y el suministro directo de pequeñas cantidades.

Establece bonificaciones en tributos gestionados por Aragón para 2020: la tasa sobre el juego (máquinas recreativas, bingo y casinos) y el impuesto medioambiental sobre grandes áreas de venta. Se aprueban para paliar el efecto de la suspensión de actividad por la crisis sanitaria.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, que adopta medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

La ley regula la prevención de las pérdidas y el despilfarro de alimentos en Cataluña. Establece obligaciones para las empresas de la cadena alimentaria, la restauración, la Administración y las entidades sociales que distribuyen alimentos. También fija un plan estratégico de prevención y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la Ley 12/2013 para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y corregir los desequilibrios entre proveedores y compradores. Establece medidas urgentes ante la crisis del sector agrario y prevé un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.