Real Decreto 402/2021, de 8 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones.

El Acuerdo sobre Transportes Internacionales de Mercancías Perecederas y sobre Vehículos Especiales utilizados en estos transportes (ATP), fue hecho en Ginebra el 1 de septiembre de 1970. España firmó el instrumento de adhesión en 1972 y el Acuerdo entró en vigor el 21 de noviembre de 1976. Dicho Acuerdo tiene como objetivo facilitar el transporte internacional de mercancías perecederas, estableciendo asimismo las condiciones técnicas para asegurar la preservación de la calidad de las mismas durante su transporte.

Desde su entrada en vigor, el Acuerdo ATP ha sido objeto de una serie de enmiendas que se han ido incorporando a la legislación nacional.

El Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, por el que se establecen las especificaciones técnicas que deben cumplir los vehículos especiales para el transporte terrestre de productos alimentarios a temperatura regulada y los procedimientos para el control de conformidad con las especificaciones, establece la reglamentación nacional relativa al transporte de mercancías perecederas, con el objetivo de adecuar la reglamentación básica para la construcción, control y ensayo de los vehículos.

La experiencia acumulada a lo largo de la aplicación del acuerdo ATP y del propio Real Decreto 237/2000, de 18 de febrero, ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar las disposiciones relativas a los sistemas de intercambio de información entre las diferentes administraciones implicadas en el efectivo control de la conformidad y con los agentes económicos.

La actualización del Real Decreto 237/2000 permitirá adaptar la reglamentación española en el ámbito del transporte de mercancías perecederas al progreso técnico, eliminando ineficiencias en los procesos actuales mediante la utilización de medios electrónicos para la emisión de certificados de conformidad y para la solicitud de asignación de contraseñas de certificación de tipo. Además de esto, la presente modificación normativa fomenta la simplificación de los procedimientos de actuación de las distintas administraciones y de los agentes económicos, e introduce requisitos de seguridad para garantizar la integridad de la información contenida en los certificados de conformidad.

Esta norma se ha elaborado teniendo en cuenta los principios que conforman la buena regulación, a que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En particular, se cumplen los principios de necesidad y eficacia al considerarse que la aprobación de este real decreto es el instrumento necesario para conseguir el objetivo perseguido de incorporar las mejoras identificadas y adaptar la normativa al actual entorno técnico y legal, perfeccionando la implantación del ATP en nuestro país, y permitiendo además simplificar los procedimientos de actuación de los agentes económicos. El principio de proporcionalidad se considera cumplido toda vez que el real decreto contiene la regulación imprescindible para atender a su finalidad.