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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Modifica la ley general de derechos de las personas con discapacidad y la ley de dependencia para ampliar y reforzar sus derechos a la inclusión, la autonomía y la accesibilidad universal, adaptándolas al artículo 49 de la Constitución. También cambia otras normas relacionadas, como la de propiedad horizontal, la de seguros y la de patrimonio histórico.

Prorroga y amplía medidas del Plan de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio ante el encarecimiento de la energía. Incluye límites de precio del gas y los gases licuados, rebajas fiscales en hidrocarburos, electricidad e IVA, y ayudas al gasóleo agrario, la pesca y el transporte.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

Modifica la Ley de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera del Principado de Asturias. Añade que, cuando una infracción muy grave conlleve la clausura definitiva de la explotación, debe iniciarse el procedimiento de caducidad del derecho minero. También regula los procedimientos sancionadores ya en tramitación.

Modifica la Ley de Juventud del País Vasco en lo relativo a las actividades de tiempo libre infantil y juvenil. Cambia la comunicación previa por una declaración responsable, exige certificado negativo de delitos sexuales al personal y regula el reconocimiento oficial de servicios y equipamientos. También revisa el régimen de infracciones.

Establece medidas urgentes para el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril ante la subida de costes energéticos. Incluye ayudas directas a empresas ferroviarias y modifica la Ley 15/2009 del contrato de transporte terrestre de mercancías y la Orden FOM/1882/2012.

Actualiza el marco legal de la economía social. Modifica la Ley de Cooperativas para adaptarla a nuevas formas de participación digital y a la igualdad entre mujeres y hombres, y revisa el régimen de las empresas de inserción. También cambia otras normas relacionadas con prevención de riesgos laborales, contratos públicos, ingreso mínimo vital e incentivos a la contratación.

Modifica el Real Decreto 66/2015, que regula los controles de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) en la cadena alimentaria. Fija en doce meses el plazo para iniciar un procedimiento sancionador tras el informe de control y en diez meses el plazo máximo para resolverlo.

Modifica el Reglamento de la Ley 38/1994, que regula las organizaciones interprofesionales agroalimentarias. Cambia los artículos 6, 8, 13 y 17 para reforzar la participación del sector en el reconocimiento de estas organizaciones, ampliar el plazo de silencio administrativo, simplificar la extensión de normas y ampliar la caducidad de los expedientes sancionadores.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.

Modifica la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea. Reúne en un solo órgano la participación de las administraciones en asuntos ambientales de aeropuertos, simplifica la placa identificativa de las aeronaves y actualiza el régimen de servidumbres aeronáuticas y planes directores.

Actualiza el Estatuto del Comisionado para el Mercado de Tabacos para adaptarlo a la Ley 40/2015 y reorganiza su estructura. También modifica la normativa que regula la red de expendedurías de tabaco y timbre, e impone a los operadores relacionarse con el Comisionado por medios electrónicos.

Regula cómo se organizan y ejecutan los controles oficiales sobre la cadena agroalimentaria en España, para aplicar la normativa europea sobre alimentos, piensos, sanidad animal y vegetal. Incluye la toma de muestras, los análisis de laboratorio y las actuaciones ante riesgos o incumplimientos.

Actualiza la escala de infracciones sobre jornadas de trabajo de los conductores de transporte por carretera para incorporar la Directiva Delegada (UE) 2024/846. Sustituye el anexo III de la Resolución de 18 de marzo de 2022 y clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves.

Modifica dos reales decretos de 2018 sobre la clasificación de canales de porcino, vacuno y ovino. Corrige errores y aclara aspectos técnicos del pesaje, el marcado, los métodos de clasificación automatizada y la comunicación de precios de mercado.

Establece el procedimiento sancionador para las infracciones por incumplimiento de las obligaciones de las estadísticas de comercio internacional de bienes dentro de la Unión Europea (INTRASTAT). Fija los órganos competentes, el procedimiento, los plazos y los criterios para calificar las infracciones y graduar las sanciones.