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La ley regula la recuperación de tierras agrarias en Galicia para uso agrícola, ganadero y forestal. Crea instrumentos de ordenación, movilización y recuperación de tierras, como el Banco de Tierras, los polígonos agroforestales y las aldeas modelo, y establece un régimen de control y sanciones.

Regula la pesca marítima, el marisqueo y la acuicultura en aguas de Cantabria. Establece cómo se protegen y gestionan los recursos marinos, qué licencias y autorizaciones se necesitan para pescar, mariscar, recoger algas o criar especies, y cómo se inspecciona y sanciona la actividad.

La ley actualiza la normativa de ordenación del territorio y urbanismo de Castilla-La Mancha. Introduce principios de desarrollo sostenible y simplifica los trámites administrativos urbanísticos, con medidas para impulsar la actividad económica, especialmente en zonas rurales.

La ley aprueba medidas fiscales y administrativas para aplicar los presupuestos de Galicia de 2021. Incluye bonificaciones en la tasa de juegos de azar por la pandemia y beneficios fiscales en la compra de vivienda habitual para víctimas de violencia de género, además de modificar varias leyes autonómicas.

La ley regula cómo la Administración de Aragón simplifica sus trámites y procedimientos. Crea órganos de coordinación, regula la declaración responsable y las entidades colaboradoras de certificación, y establece un régimen sancionador. También incluye medidas sobre administración electrónica y sobre instalaciones de energía eléctrica.

Modifica la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid para cambiar qué actuaciones urbanísticas necesitan licencia y cuáles pasan a comunicación previa o declaración responsable. También fija un régimen transitorio y obliga a adaptar las ordenanzas municipales.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

Permite que la consejería que tutela Sodercan, S.A. compruebe el cumplimiento de requisitos y obligaciones de los solicitantes y beneficiarios de sus ayudas, y apoye en su instrucción y tramitación. Se aplica durante seis meses a las líneas de ayuda ya en tramitación y a las convocadas hasta 2021.

Establece medidas económicas, fiscales y administrativas en Canarias para responder a la crisis del COVID-19. Incluye apoyo a autónomos y al empleo, agilización de contratos y subvenciones, gestión presupuestaria, medidas de personal y ajustes fiscales y educativos.

Modifica las normas de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León para permitir que se pueda cobrar junto con el ingreso mínimo vital. Así, cuando el ingreso mínimo vital sea inferior a la renta garantizada, esta última complementa la diferencia.

Modifica la Ley 21/2007 de puertos de Andalucía para regular los plazos de las concesiones portuarias de competencia autonómica. Incluye reglas transitorias para ampliar el plazo de concesiones vigentes otorgadas antes de su entrada en vigor y para sus prórrogas.

Suspende durante un plazo máximo de dieciocho meses la instalación y apertura de nuevos salones recreativos, locales de apuestas externas y espacios de apuestas en casinos y salas de bingo. También modifica la Ley 8/2010 de Juegos y Apuestas de Canarias.

Crea el ingreso canario de emergencia (ICE), una ayuda económica para personas en situación de vulnerabilidad por la crisis del COVID-19. También flexibiliza la tramitación de la prestación canaria de inserción (PCI), actualiza sus cuantías y establece medidas sobre vivienda protegida y alquileres.

Establece medidas urgentes para impulsar la actividad económica y simplificar la administración pública en las Illes Balears ante la crisis de la COVID-19. Incluye cambios en licencias de obras, ayudas, contratación de personal, compras sanitarias y normas fiscales y presupuestarias.

Crea la declaración de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha para iniciativas empresariales consideradas estratégicas. Establece una Unidad de Acompañamiento Empresarial y un procedimiento para solicitar y obtener esa declaración. Regula sus efectos: tramitación preferente, reducción de plazos, utilidad pública y acceso a financiación.

Modifica la Ley 4/2009 de Protección Ambiental Integrada de la Región de Murcia y el Decreto 48/1998 sobre protección frente al ruido. Regula el procedimiento de evaluación ambiental estratégica de planes y programas, desde la solicitud de inicio hasta la aprobación y publicidad.

Modifica la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria para agilizar la adaptación de los planes generales urbanísticos al Plan de Ordenación del Litoral. Establece cómo incluir suelos excluidos indebidamente de ese plan y somete estos ajustes a evaluación ambiental simplificada.

Regula la evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: qué planes, programas y proyectos deben someterse a evaluación antes de aprobarse, cómo se hace el trámite y quién interviene. Incluye el seguimiento y las sanciones por incumplir estas reglas.

Amplía de uno a dieciocho meses el plazo para presentar la cuenta justificativa de las ayudas recibidas para reparar viviendas dañadas por el terremoto de Lorca de 2011. También aplica este sistema a expedientes en tramitación y a comunidades de propietarios.