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Modifica el Real Decreto 990/2021 para adaptar el programa de ayudas UNICO-Edificios a la Adenda del Plan de Recuperación. Fija un nuevo número mínimo de actuaciones por comunidad y ciudad autónoma y regula el reintegro de subvenciones sin intereses de demora.

Establece ayudas para las víctimas de los accidentes ferroviarios ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gélida (Barcelona) en enero de 2026. Regula quiénes pueden recibirlas, sus importes, cómo se gestionan y conceden, y su compatibilidad con otras indemnizaciones. También crea Oficinas de Atención Integral y protege a las personas trabajadoras afectadas.

Modifica varias leyes del País Vasco para facilitar el acceso a la vivienda. Cambia normas de suelo, urbanismo, vivienda protegida, medio ambiente, turismo y garantía de ingresos. Incluye medidas sobre reservas de vivienda protegida y plazos de tramitación.

Establece medidas urgentes de apoyo al sector agrario y forestal de Cataluña. Incluye ayudas a explotaciones ganaderas de vacuno afectadas por tuberculosis, cambios en tasas, medidas de gestión forestal y prevención de incendios, control de especies cinegéticas, simplificación agraria y medidas fiscales.

Modifica varias normas catalanas para reforzar la seguridad del suministro eléctrico tras el apagón del 28 de abril de 2025. Cambia reglas de energías renovables, urbanismo, aguas, residuos y calidad del suministro, y facilita el despliegue de líneas eléctricas y plantas solares.

Modifica la Orden TMD/101/2025 para que los ayuntamientos y diputaciones que recibieron subvenciones por la DANA puedan usar ese dinero también para mejorar, ampliar o adaptar infraestructuras y prevenir inundaciones. Además, traslada al Comisionado especial para la reconstrucción las funciones de seguimiento de estas ayudas.

Modifica las bases de las becas para preparar las pruebas de acceso, por promoción interna, a los Cuerpos Especiales del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Permite que cada organismo gestione sus becas de forma independiente y aclara la relación entre las becas y las ofertas de empleo público.

Aprueba el nuevo Estatuto de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), un organismo público que registra patentes, marcas y diseños. El estatuto fija su naturaleza, sus fines, sus funciones y cómo se organiza internamente. También modifica el reglamento que desarrolla la Ley de Patentes.

Regula en España los trámites para inscribir, modificar o anular en el registro de la Unión Europea indicaciones geográficas de productos artesanales e industriales, como joyería, textiles o cristalería. Fija quién puede solicitarlo, cómo se examina, el procedimiento de oposición y los controles de uso.

Regula para 2026 la gestión colectiva de contrataciones en origen: la contratación de personas trabajadoras extranjeras que no residen en España para cubrir puestos de temporada o estables. Fija el procedimiento de las ofertas, los programas de migración circular y estable, los visados y el seguimiento.

Modifica las bases y la convocatoria de ayudas del Programa único demanda rural para llevar banda ancha de al menos 100 Mbps a zonas rurales remotas sin cobertura suficiente. Actualiza las anualidades de las ayudas y fija la entrada en vigor de los cambios.

Regula los servicios de atención a la clientela de las empresas, fijando niveles mínimos de calidad, medios de contacto, plazos de resolución de consultas y reclamaciones, sistemas de evaluación y un régimen de infracciones y sanciones.

Modifica la norma que regula la declaración sobre la red y el reparto de capacidad en la infraestructura ferroviaria. Adelanta los plazos para solicitar capacidad, impulsa las comunicaciones digitales entre operadores y gestor de infraestructuras y actualiza los criterios de prioridad en tramos congestionados.

Regula cómo se certifica y se supervisa de forma continua a las empresas civiles que prestan servicios meteorológicos para la navegación aérea. Crea la autoridad nacional que vigila a estos proveedores y fija el procedimiento para obtener el certificado y mantenerlo.

Establece los procedimientos básicos para acreditar que una persona es víctima de violencias sexuales. La acreditación sirve para acceder a los derechos y recursos previstos en la ley. Se aprueba en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.

Modifica la Ley 2/1995 del Principado de Asturias sobre régimen jurídico de la Administración para adaptarla a las leyes estatales de 2015. Incluye medidas de simplificación administrativa en carreteras, montes, patrimonio, patrimonio cultural y subvenciones, y regula el uso de medios digitales e inteligencia artificial en los procedimientos.