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Actualiza para 2024 las retribuciones del personal docente y los importes del Anexo V de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2024, sobre la financiación de centros concertados en Ceuta y Melilla. Aplica un incremento del 2 % con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Regula cómo se cierra el ejercicio presupuestario de 2024 en el gasto público del Estado. Fija plazos para tramitar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y hacer pagos en los últimos días del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

Actualiza los módulos económicos que financian los centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que paga el empleador y las subidas salariales del personal docente. Las nuevas cuantías tienen efectos desde el 1 de enero de 2023.

Modifica la normativa sobre tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias. Añade reglas específicas para las transferencias de crédito entre secciones que afecten al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando las inicia el Ministerio de Hacienda.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, la estructura de los presupuestos y los plazos y documentos que deben prepararse.

Establece los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2023 en la Administración General del Estado y sus organismos. Regula la tramitación de modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2022 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Fija plazos para tramitar modificaciones de créditos, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Un tribunal de Madrid pregunta si esa disposición vulnera varios artículos de la Constitución. El Pleno del Tribunal se reserva el conocimiento del asunto.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. Esa disposición modifica la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso lo presentan más de cincuenta diputados del Congreso.

Regula cómo se documentan y tramitan los expedientes para modificar los presupuestos y para autorizar gastos que se pagarán en ejercicios futuros. Establece qué información debe acompañar a cada expediente y cómo se inician y comunican.