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Actualiza para 2024 las retribuciones del personal docente y los importes del Anexo V de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, prorrogados para 2024, sobre la financiación de centros concertados en Ceuta y Melilla. Aplica un incremento del 2 % con efectos desde el 1 de enero de 2024.

Regula cómo se cierra el ejercicio presupuestario de 2024 en el gasto público del Estado. Fija plazos para tramitar expedientes, contabilizar operaciones y ordenar y hacer pagos en los últimos días del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según el número de habitantes del municipio. Se aplica a los ayuntamientos de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentos necesarios para tramitar el anteproyecto.

El Tribunal Constitucional declara extinguido un recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022. El recurso había perdido su objeto porque esa disposición ya fue anulada por una sentencia anterior del propio Tribunal.

Actualiza los módulos económicos que financian los centros concertados de Ceuta y Melilla. Incluye el aumento de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional que paga el empleador y las subidas salariales del personal docente. Las nuevas cuantías tienen efectos desde el 1 de enero de 2023.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la Ley de presupuestos de 2022, que modificaba la Ley de bases del régimen local para cambiar la selección, provisión y nombramiento de funcionarios con habilitación nacional en el País Vasco. La sentencia declara nula esa disposición.

Modifica la normativa sobre tramitación de expedientes de modificaciones presupuestarias. Añade reglas específicas para las transferencias de crédito entre secciones que afecten al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia cuando las inicia el Ministerio de Hacienda.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2024. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, la estructura de los presupuestos y los plazos y documentos que deben prepararse.

Establece los plazos y procedimientos para cerrar el ejercicio presupuestario de 2023 en la Administración General del Estado y sus organismos. Regula la tramitación de modificaciones de crédito, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz en 2023. Las cuantías se asignan por tramos según la población de derecho del municipio.

El Tribunal Constitucional desestima el recurso del Parlamento de las Illes Balears contra la Ley de presupuestos de 2021. El Parlamento alegaba que la ley no aplicaba el factor de insularidad ni las medidas de transporte previstas en el régimen especial de las Illes Balears.

Aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2023: fija los ingresos y autoriza los gastos del Estado y de sus entes dependientes. Incluye normas sobre personal, pensiones, deuda pública, tributos, entes territoriales y cotizaciones sociales.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición final vigésima de la Ley de presupuestos generales del Estado para 2022. Esa disposición modificaba la Ley reguladora de la jurisdicción social. El tribunal declara nulo ese precepto por incluir una materia ajena a la ley de presupuestos.

Regula las operaciones de cierre del ejercicio presupuestario de 2022 en el gasto del Estado y en las operaciones no presupuestarias. Fija plazos para tramitar modificaciones de créditos, expedientes de gasto, documentos contables, contabilización y pagos en el final del año.

Fija las cantidades anuales que reciben los ayuntamientos para sufragar los gastos de funcionamiento de los Juzgados de Paz, según tramos de población. Se aplica a municipios de Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.

Establece las normas para elaborar los Presupuestos Generales del Estado de 2023. Fija los criterios de presupuestación, el ámbito institucional, las comisiones que participan y los plazos y documentación del proceso.