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Regula la Agencia de transición energética de Navarra (ATENA) como entidad pública empresarial con personalidad jurídica propia. Fija sus finalidades, como impulsar las energías renovables y luchar contra el cambio climático, y sus funciones.

Modifica el anexo II de una resolución anterior para incluir todos los puertos de interés general de las islas Canarias entre los puertos eximidos de aplicar ciertas obligaciones del Reglamento de la UE sobre combustibles renovables e hipocarbónicos en el transporte marítimo. La exención se basa en que Canarias es una región ultraperiférica de la Unión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2025, que establece el programa de incentivos MOVES III para la movilidad eléctrica durante el año 2025. La resolución ordena publicar ese acuerdo de convalidación.

Crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono y regula su estructura y funcionamiento. Establece la obligación de calcular la huella de carbono y elaborar y publicar planes de reducción de emisiones para determinadas empresas.

Aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias que amplía los medios patrimoniales (bienes y derechos) adscritos a los servicios de conservación de la naturaleza que el Estado traspasó a la Generalitat de Cataluña en 1980.

España acepta una enmienda al Convenio de la Comisión Económica para Europa de la ONU sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en medio ambiente. La enmienda añade un artículo sobre la participación del público antes de autorizar la diseminación voluntaria en el medio ambiente y la comercialización de organismos modificados genéticamente.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-ley 2/2020 de la Junta de Andalucía, que reformaba la regulación para fomentar la actividad productiva. Anula varios preceptos: los que reforman la Ley del Consejo Audiovisual de Andalucía, los reglamentos sobre suelos contaminados y vertidos, y el decreto de municipio turístico.

Modifica varios reales decretos que conceden ayudas directas a las comunidades autónomas y a Ceuta y Melilla para el transporte de viajeros y mercancías por carretera. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las gestionan las comunidades autónomas mediante convocatorias.

Establece los criterios para fijar los peajes y gravámenes que se cobran a los vehículos por usar determinadas infraestructuras de la Red de Carreteras del Estado. Regula cómo se calculan, qué descuentos, reducciones y exenciones se aplican y cómo se modulan según el tipo de vehículo.

Modifica dos reales decretos para cambiar la composición y las funciones de los órganos colegiados que se ocupan de la lucha contra la desertificación en España. Crea un órgano consultivo y de cooperación dentro de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad y otro de apoyo y coordinación con la comunidad científica y la sociedad civil.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2025 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de combustibles) su cuota de ahorro. Establece cuánto deben aportar al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y permite cubrir parte de la obligación con Certificados de Ahorro Energético.

Establece cómo se organiza España para elaborar y comunicar los datos sobre emisiones de gases de efecto invernadero y contaminantes del aire. Regula el inventario nacional, las proyecciones, las políticas y medidas, y los informes que se envían a la Unión Europea y a organismos internacionales.

La ley crea la figura de los Proyectos de Interés Estratégico (PIER) en Asturias y regula cómo se declaran, qué efectos tienen, cuánto duran y cómo se controlan. También modifica la normativa de ordenación del territorio y urbanismo.

Regula cómo se crean y funcionan los tres órganos que representan y gobiernan la laguna del Mar Menor y su cuenca: el Comité de Representantes, la Comisión de Seguimiento y el Comité Científico, dentro de la Tutoría del Mar Menor. Desarrolla la Ley 19/2022, que reconoce personalidad jurídica a la laguna.