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Crea un marco para declarar proyectos de especial interés estratégico en las Illes Balears y acelerar su tramitación. Regula órganos de gobernanza (comisión, unidad y oficina aceleradoras) y medidas para agilizar inversiones públicas y privadas, con simplificación administrativa.

Crea la Agencia Extremeña de la Energía (AGENEX) como entidad pública empresarial de la Junta de Extremadura. La norma fija su finalidad, objetivos y funciones en materia de energía, sus órganos de gobierno, personal, contratación, recursos económicos y control. También regula el Bono Social Térmico en Extremadura.

Regula cómo se asignan las ayudas públicas (régimen retributivo específico) a instalaciones de cogeneración de alta eficiencia mediante subastas. Fija el procedimiento, las ofertas, las garantías y la inscripción en el registro, y establece un calendario de subastas.

Modifica la Ley de Caza de Cantabria y el decreto que regula la Reserva Regional de Caza Saja. Simplifica el procedimiento para renovar los cotos de caza, que siguen durando diez años, y mantiene la información pública en la renovación.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas para fortalecer la industria de transformación de productos de la pesca y la acuicultura. El cambio permite que los gastos se paguen hasta el momento de presentar la justificación, en lugar de exigir el pago dentro del periodo de ejecución del proyecto.

Crea el Sello de gestión transparente del agua y regula cómo se solicita, se concede, se controla, se renueva y se revoca. Distingue a los concesionarios de agua que envían información periódica a una plataforma y cumplen requisitos de gestión transparente. También prevé un sello de gestión transparente y sostenible.

Modifica tres leyes de Canarias: la de cambio climático y transición energética, el decreto-ley que ya la modificó en 2024 y la ley del suelo y espacios naturales protegidos. Ajusta la aplicación de las zonas de aceleración de energías renovables y otras previsiones de suelo.

Modifica el Real Decreto 451/2022 para adaptar las ayudas a estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias a los nuevos objetivos 119 y 120 del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de justificación de los proyectos hasta el 30 de junio de 2026, con posibilidad excepcional de extenderlo al 31 de julio de 2026.

Modifica varias normas de seguridad industrial para aplicar procedimientos de emergencia cuando la Unión Europea declare una crisis del mercado interior. También cambia el Real Decreto 212/2002 sobre el ruido de máquinas de uso al aire libre, en sus obligaciones de información y métodos de medición.

La ley regula la gestión ambiental en Andalucía: planificación, información y participación pública, evaluación ambiental de planes y proyectos, prevención y control de la contaminación, inspección y régimen sancionador. También crea el Consejo Asesor de Medio Ambiente y la Red de Información Ambiental de Andalucía.

Regula los montes de Andalucía: qué se considera monte, cómo se clasifican en públicos y privados, su registro y catálogo, y las competencias de la Junta y los ayuntamientos. Establece normas de gestión sostenible, conservación, prevención de incendios, fomento y régimen sancionador.

Regula la conservación de las praderas de plantas marinas con flores (fanerógamas) del Mediterráneo español, en especial Posidonia oceanica y Cymodocea nodosa. Establece su delimitación cartográfica, normas de protección, reglas para el fondeo de embarcaciones, gestión de los restos que llegan a la orilla y un régimen sancionador.

Establece qué sustancias y objetos obtenidos en un proceso de producción se consideran subproductos y no residuos, conforme a la Ley 7/2022. Fija los requisitos que deben cumplirse, las obligaciones de productores y usuarios, el control de las comunidades autónomas y el traslado dentro de la Unión Europea.

Incluye dos productos químicos en el anexo III del Convenio de Rotterdam: el carbosulfán, como plaguicida, y el fentión en formulaciones de ultra bajo volumen de 640 g/l o más, como formulación plaguicida extremadamente peligrosa. Con ello quedan sujetos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo en el comercio internacional.

La ley establece el marco de la acción climática en Galicia: fija objetivos, órganos de gobernanza, planes y estrategias, e integra la perspectiva climática en la contratación, las ayudas, los presupuestos y la educación. También regula la meteorología, la climatología y la calidad del aire.

Fija para 2026 el objetivo de ahorro energético del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética, la obligación de ahorro de cada empresa obligada y la equivalencia financiera para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Parte de la obligación se puede cumplir con Certificados de Ahorro Energético, con una aportación económica mínima al Fondo.

Establece las bases para conceder ayudas directas a proyectos españoles seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) en el esquema «Subasta como Servicio», dentro del futuro Banco de Descarbonización Industrial. Las ayudas se financian con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de Next Generation EU.

Modifica el Real Decreto 535/2025 para permitir financiar con fondos del Plan de Recuperación una segunda convocatoria de ayudas a proyectos españoles que participan en el esquema «Subasta como Servicio» del Banco Europeo del Hidrógeno. Estos proyectos son seleccionados por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA).