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El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del presidente del Gobierno contra la Ley gallega 4/2023, de ordenación y gestión integrada del litoral. Declara nulos algunos preceptos sobre caladeros y vertido de aguas residuales, y da una interpretación conforme a la Constitución a otro sobre ocupación del dominio público por la cadena mar-industria.

El Pleno del Tribunal Constitucional levanta la suspensión de la vigencia y aplicación de varios preceptos del Decreto-ley del Gobierno de Aragón 1/2023, sobre medidas urgentes para la transición energética y el consumo de cercanía en Aragón. La suspensión se había producido al admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del presidente del Gobierno.

Aprueba cambios en los anexos I, II y IV del Protocolo para la protección del Mar Mediterráneo contra la contaminación de origen terrestre. Los anexos actualizados recogen los sectores de actividad y las sustancias que deben tenerse en cuenta al preparar planes y medidas para eliminar esa contaminación.

Aprueba los Estatutos de la Fundación Ciudad de la Energía-CIUDEN, F.S.P., una fundación del sector público estatal adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Regula sus fines, órganos de gobierno, patrimonio y régimen de personal y contratación.

Regula el procedimiento y los requisitos para conceder capacidad de acceso y conexión a la red de transporte eléctrica en cinco nudos de transición justa (Garoña, Guardo, Lada, Mudéjar y Robla). Está dirigida a módulos de generación renovable síncronos y a instalaciones de almacenamiento síncrono.

El Tribunal Constitucional decide mantener en parte la suspensión de varios preceptos de la Ley gallega de ordenación y gestión integrada del litoral, recurrida por el presidente del Gobierno. La suspensión se aplica a los preceptos impugnados mientras se resuelve el recurso.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2024 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad, operadores de petróleo y de gases licuados) su cuota anual de ahorro. Establece también el valor para calcular sus aportaciones al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el porcentaje mínimo que deben pagar a ese fondo, pudiendo cubrir el resto con Certificados de Ahorro Energético.

Amplía el presupuesto del programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. Concede directamente a la Comunidad Valenciana y a Cataluña las cantidades adicionales que solicitaron.

La ley establece el marco para la transición energética y la lucha contra el cambio climático en el País Vasco. Crea órganos de gobernanza y planificación, fija objetivos de eficiencia energética y energías renovables, y regula la adaptación del territorio. También prevé instrumentos de educación, investigación y participación social.

Amplía el presupuesto del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa industrial en 19.130.916,48 euros, que junto con remanentes suma 26.000.000 euros. Ese dinero se reparte entre Aragón, Navarra y Castilla y León para atender solicitudes que superan lo asignado.

Amplía el presupuesto del Programa PREE 5000, que subvenciona la rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico. La ampliación se concede a Castilla-La Mancha, que la había solicitado, y se formaliza la asignación de fondos a esa comunidad autónoma.

Desarrolla la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para el periodo 2026-2030 y regula la exclusión del régimen de comercio de derechos de emisión de hospitales, instalaciones de pequeño tamaño e instalaciones que emiten menos de 2.500 toneladas. Establece las solicitudes, requisitos de verificación, obligaciones de seguimiento y régimen sancionador de las instalaciones excluidas.

Autoriza la tramitación por concesión directa de una subvención plurianual a Stellantis España, SL para proyectos de mejora ambiental, eficiencia energética y desarrollo experimental en su planta de Figueruelas (Zaragoza) en 2023 y 2024. La ayuda busca facilitar la transformación hacia el vehículo eléctrico y conectado y aumentar la protección ambiental.

Modifica el anexo A del Convenio de Minamata sobre el Mercurio para fijar qué productos con mercurio añadido dejan de poder producirse, importarse o exportarse y a partir de qué fecha. También establece medidas para reducir el uso de amalgama dental.

Actualiza las ayudas directas para financiar estrategias de energía sostenible en Illes Balears y Canarias, dentro del Plan de Recuperación, para ajustarlas a la adenda de ese plan aprobada en 2023. También incorpora la referencia a la norma sobre conflicto de interés en los procedimientos del plan.

Establece medidas temporales y urgentes para proteger el paisaje de La Rioja frente a la instalación de grandes proyectos de generación y transporte de energía en suelo no urbanizable. Regula la tramitación de estas instalaciones para evitar su implantación sin planificación previa.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso del presidente del Gobierno contra varios artículos del Decreto-ley 1/2023 del Gobierno de Aragón sobre transición energética y consumo de cercanía. Al invocarse el artículo 161.2 de la Constitución, queda suspendida la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados.

Modifica varias leyes de Cantabria en materia fiscal y administrativa. Incluye cambios en tributos propios y cedidos, tasas, subvenciones, servicios sociales, sanidad, empleo, urbanismo y turismo, entre otras materias.