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Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, que fija los objetivos de las políticas de activación para el empleo en toda España y en cada comunidad autónoma, junto con los indicadores para evaluar su cumplimiento. Recoge los servicios y programas que aplicarán los servicios públicos de empleo.

Amplía hasta el 1 de junio de 2022 el plazo para solicitar los avales públicos a empresas y autónomos de los Reales Decretos-leyes 8/2020 y 25/2020. También modifica el Código de Buenas Prácticas de renegociación de deuda avalada para extender sus plazos y adaptar sus importes.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España. El Plan detalla reformas e inversiones para 2021-2023 con fondos europeos Next Generation EU y se remite a la Comisión Europea.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 36/2020, que aprueba medidas urgentes para modernizar la Administración Pública y ejecutar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Modifica el reparto de los avales públicos del primer tramo de la línea de financiación a empresas y autónomos. Desde el 1 de noviembre de 2020, los importes de aval asignados y no usados por las entidades se reparten por orden de petición.

Aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2020, que fija los objetivos de empleo en toda España y en cada comunidad autónoma y recoge los servicios y programas de los servicios públicos de empleo. El plan se reformuló para adaptarse a la pandemia de COVID-19.

El Congreso de los Diputados acuerda derogar el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, que establecía medidas financieras extraordinarias y urgentes para las entidades locales. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Establece las condiciones financieras de los préstamos que los ayuntamientos, diputaciones y consejos insulares pueden hacer voluntariamente a la Administración General del Estado con sus remanentes de tesorería. El tipo de interés no podrá superar el coste de financiación de la Deuda del Estado y el plazo es de diez años.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 8.000 millones de euros. El Estado, a través del ICO, avala financiación que las entidades financieras conceden a empresas y autónomos para liquidez e inversiones. También amplía hasta el 1 de diciembre de 2020 el plazo para solicitar avales anteriores.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, que recoge medidas agrarias, científicas, económicas, de empleo, de Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

El Banco de España deja sin efecto una resolución de 2012 que establecía cambios temporales en los criterios para aceptar activos de garantía en sus operaciones de política monetaria. La derogación se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, que adopta medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del primer tramo de la línea de avales del ICO, de hasta 20.000 millones de euros, para que las entidades financieras presten a empresas y autónomos afectados por el COVID-19. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avala esa financiación y el ICO la gestiona.