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Este decreto-ley reúne medidas para simplificar y racionalizar los trámites y la normativa de las administraciones públicas de las Illes Balears. Modifica varias leyes y regula por sectores como agricultura, agua, educación, energía, movilidad, medio ambiente, turismo y urbanismo, e impulsa la digitalización.

Establece medidas para reducir el empleo temporal en el sector público de las Illes Balears. Regula procesos de estabilización para convertir plazas temporales en fijas, mediante concurso-oposición y un proceso excepcional para plazas de larga duración. También fija criterios de selección, baremos de méritos y bolsas de personal interino.

Modifica la Ley 4/2013 de coordinación de las policías locales de las Illes Balears para estabilizar las plantillas y cubrir la falta de agentes en los municipios. Regula procesos selectivos de nuevo ingreso, unificados o descentralizados, y medidas extraordinarias para seleccionar personal interino.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalidad-Mossos d'Esquadra para añadir una disposición transitoria. Mientras no se apruebe el plan de igualdad, en las convocatorias de acceso al cuerpo los empates de puntuación se resolverán dando preferencia a las personas del sexo menos representado cuando no llegue al 40% en esa categoría.

Autoriza la creación de 245 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra para el año 2020 y aprueba una oferta parcial de empleo público para ese año. El objetivo es reforzar la plantilla del cuerpo de policía de la Generalitat de Cataluña.

Modifica la Ley de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana en materia de reserva de plazas para mujeres en las convocatorias de la escala básica. Cambia el artículo 41 y las disposiciones transitorias séptima y decimocuarta.

Atribuye al consejero de Interior de la Generalidad la competencia para tramitar y resolver las sanciones por incumplir la normativa del estado de alarma denunciadas por los cuerpos policiales en Cataluña. Incluye también la resolución de los recursos administrativos que se presenten.

Establece medidas urgentes en las Illes Balears para reducir el impacto económico del COVID-19. Amplía plazos para presentar declaraciones de impuestos y la cuenta general de 2019, y aplica una exención temporal de tasas portuarias a determinadas navieras.