Decreto-ley 10/2020, de 24 de julio, de modificación de la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana.

PREÁMBULO

La Constitución española, en su artículo 149.1.29.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública, al tiempo que, en el artículo 148.1.22.ª, faculta a las comunidades autónomas a asumir las competencias en materia de coordinación y otras facultades en relación con las policías locales. Por su parte, nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 55.3, reconoce la competencia de la Comunitat Valenciana para la coordinación de la actuación de las policías locales, sin perjuicio de su dependencia de las autoridades municipales. Dicha competencia se desenvuelve en el marco de la ley orgánica que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 104.2 del texto constitucional, ha de determinar las funciones, los principios básicos de actuación y el estatuto de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En cumplimiento de este mandato constitucional, la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, dispone en su artículo 39 que corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de funciones de coordinación de las policías locales en su respectivo ámbito territorial, mediante el establecimiento de las normas marco a las que habrán de ajustarse los reglamentos de policías locales; la homogeneización de los distintos cuerpos de policías locales; la fijación de criterios de selección, formación, promoción y movilidad, y la creación de escuelas de formación de mandos y de formación básica.

En este marco normativo se aprobó la Ley 17/2017, de 13 de diciembre, de coordinación de policías locales de la Comunitat Valenciana, que en su disposición transitoria séptima incluye la obligación de reservar plazas para mujeres en las convocatorias para la escala básica en aquellos municipios en los que el número de mujeres no alcance el 40 % de la plantilla de policía local, cumpliendo así el compromiso adquirido por la Generalitat, en septiembre de 2017, a través del Pacte Valencià contra la Violència de gènere i masclista, cuya línea estratégica 2, «Feminizar la sociedad», prevé, entre otras medidas, la «reserva de al menos un 30 % de las plazas de las oposiciones de policías local para las mujeres para garantizar nuevos referentes y equilibrios en la esfera pública». En desarrollo de la Ley, se aprobó el Decreto 153/2019, de 12 de julio, del Consell, de establecimiento de las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de todas las escalas y categorías de los cuerpos de la policía local de la Comunitat Valenciana.

El pasado 18 de diciembre de 2019, como consecuencia de una denuncia sobre posible infracción, por parte de la Comunitat Valenciana, de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), la Comisión Europea dirigió una carta al Gobierno de España, exponiendo que, en tanto que guardiana de los tratados europeos, había analizado la Disposición transitoria séptima de la Ley 17/2017, y la Disposición transitoria cuarta del Decreto 153/2019, a la luz de las normas comunitarias y de diversas interpretaciones realizadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.