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Establece medidas para apoyar la reactivación económica y el empleo tras la crisis del COVID-19. Incluye líneas de avales y un fondo de solvencia para empresas, moratorias de préstamos hipotecarios para inmuebles turísticos, planes de sostenibilidad turística y subvenciones para proyectos.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que pone en marcha el quinto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 15.500 millones de euros. El Ministerio avala préstamos de entidades financieras a pymes, autónomos, grandes empresas, sector turístico y compra de vehículos de transporte profesional.

Regula cómo el Ministerio de Ciencia e Innovación emite una certificación para identificar a las empresas y deudas que pueden acogerse al aplazamiento y fraccionamiento del pago de préstamos de convocatorias de I+D+i. También fija la documentación que la empresa presenta ante la Delegación de Economía y Hacienda para pedir el aplazamiento con dispensa de garantía.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha el cuarto tramo de la línea de avales del Real Decreto-ley 8/2020, por 20.000 millones de euros. Estos avales los gestiona el Instituto de Crédito Oficial y van destinados a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, que recoge medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Se ordena su publicación para conocimiento general.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales del Estado para préstamos a empresas y autónomos afectados por el COVID-19, para pagarés del MARF y para reavales de CERSA. Fija los importes de cada tramo y autoriza compromisos de gasto futuro.

Establece medidas urgentes para apoyar la economía y el empleo durante la crisis del COVID-19. Incluye aplazamientos de alquiler para pymes y autónomos, medidas fiscales, financiación empresarial y protección de ciudadanos. También regula el desempleo y el acceso excepcional a planes de pensiones.

Amplía en 7.300.000 euros el presupuesto asignado al Principado de Asturias dentro del programa de ayudas para eficiencia energética en PYME y gran empresa del sector industrial. El presupuesto inicial de Asturias era de 4.779.747,67 euros y pasa a 12.079.747,7 euros.

Aprueba las primas que se aplicarán a la línea extraordinaria de seguro de circulante de CESCE, dotada con 2.000 millones de euros, para cubrir créditos de empresas afectadas por el COVID-19. Las tarifas se fijan conforme a los precios mínimos de la Comisión Europea y a los de la línea de avales del ICO.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 11/2020, que recoge medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

El Consejo de Ministros acuerda poner en marcha un segundo tramo de avales por 20.000 millones de euros, gestionado por el Instituto de Crédito Oficial. Estos avales cubren la financiación que las entidades financieras concedan a pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por el COVID-19.

Establece medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos del COVID-19. Incluye la suspensión de desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, prórrogas y moratorias en el alquiler y la hipoteca, ayudas al alquiler y un subsidio extraordinario para empleados de hogar y por fin de contrato temporal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que recoge medidas urgentes extraordinarias para afrontar el impacto económico y social del COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Publica el Acuerdo del Consejo de Ministros que fija las condiciones del primer tramo de la línea de avales del ICO, de hasta 20.000 millones de euros, para que las entidades financieras presten a empresas y autónomos afectados por el COVID-19. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital avala esa financiación y el ICO la gestiona.

Establece medidas urgentes para reducir el impacto económico y social del COVID-19. Incluye apoyo a trabajadores, familias y colectivos vulnerables, ajustes temporales de empleo para evitar despidos, liquidez para empresas y autónomos, y apoyo a la investigación.