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Modifica el Decreto-ley 10/2020 de prestaciones sociales de las Illes Balears y el Decreto 84/2010 sobre cálculo de la capacidad económica en la Red Pública de Atención a la Dependencia. Ajusta las prestaciones económicas de servicios sociales y concreta las del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 248.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial. Declara la nulidad parcial de ese precepto por vulnerar el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, siguiendo la doctrina de la STC 91/2019.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso del Gobierno de Cataluña contra varios preceptos del Real Decreto-ley 20/2020, que crea el ingreso mínimo vital. La sentencia analiza si el Estado puede asumir la gestión de esta prestación a través del INSS y declara constitucionales los preceptos que le atribuyen esa gestión.

El Tribunal Constitucional resuelve el recurso de inconstitucionalidad contra varias disposiciones del Real Decreto-ley 15/2020, que trasladaba la gestión de las clases pasivas del Estado al Instituto Nacional de la Seguridad Social. La sentencia declara nulos los preceptos que modifican ese régimen de gestión por no justificarse la urgencia exigida al decreto-ley.

Declara admisibles unas tablas biométricas concretas (de mortalidad y supervivencia) como referencia para las aseguradoras y reaseguradoras. Estas tablas se usan para valorar las provisiones técnicas de los seguros, tanto en la contabilidad como en el régimen especial de solvencia.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 8/2021, que recoge medidas urgentes sanitarias, sociales y judiciales para aplicar tras el fin del estado de alarma por la COVID-19. Ordena publicar el acuerdo para conocimiento general.

Establece medidas sanitarias, sociales y judiciales que se aplican cuando termina el estado de alarma por la COVID-19 el 9 de mayo de 2021. Incluye control sanitario de viajeros internacionales, protección de consumidores vulnerables de agua y energía, apoyo a víctimas de violencia de género y medidas sobre cooperativas y profesionales sanitarios jubilados.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 248.3 de la Ley General de la Seguridad Social, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El asunto pasa a la Sala Primera del Tribunal.

Establece una prestación extraordinaria para paliar los efectos sociales de la COVID-19 en Canarias. Va dirigida a personas que cobran pensiones no contributivas, el Fondo de Asistencia Social, el Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y la Prestación Canaria de Inserción. Regula su cuantía, pago, financiación y beneficiarios.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, sobre medidas sociales de refuerzo y consolidación en defensa del empleo. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Modifica varias normas tributarias de Navarra, como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y la Ley General Tributaria, para mejorar el control y luchar contra el fraude fiscal. También incorpora normas europeas contra la elusión fiscal y medidas para paliar los efectos de la crisis de la COVID-19. Además, actualiza precios de viviendas protegidas y la ley de ordenación del territorio.

Modifica la Ley 14/2017 de la renta garantizada de ciudadanía de Cataluña para coordinarla con el ingreso mínimo vital estatal. Ajusta artículos sobre la prestación catalana y sobre las ayudas y pensiones complementarias, y añade nuevas disposiciones adicionales y transitorias.

Prorroga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones extraordinarias de cese de actividad para trabajadores autónomos afectados por la crisis.

Actualiza para 2021 las pensiones de la Seguridad Social y de Clases Pasivas. Sube un 0,9 % las pensiones contributivas y un 1,8 % las no contributivas. También fija las cuantías mínimas y los complementos por mínimos.