Buscar en el BOE

Modifica varias normas tributarias para incorporar al derecho español una directiva europea contra la elusión fiscal y para reforzar el control y la lucha contra el fraude fiscal. También regula aspectos del juego y del tabaco.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios apartados de la disposición adicional trigésima de la Ley del Parlamento de Cataluña 12/2009, en la redacción dada por la Ley 5/2020. La cuestión la plantea la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la asigna a la Sala Primera.

Aprueba el modelo 490 para declarar y pagar el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Fija quién debe presentarlo, el plazo trimestral y la presentación obligatoria por internet.

Amplía para 2021 los plazos de la solicitud única de ayudas de la Política Agrícola Común. La presentación pasa a terminar el 15 de mayo y las modificaciones el 15 de junio, en todo el territorio nacional.

Establece medidas excepcionales para facilitar el pago de deudas tributarias en Canarias. Permite aplazar el ingreso de determinadas deudas, ampliar fechas de vencimiento de deudas ya aplazadas y aplazar deudas en período ejecutivo. También amplía el plazo de autoliquidación de la Tasa fiscal sobre los juegos.

Fija el objetivo de ahorro energético para 2021 y reparte entre las empresas obligadas (comercializadoras de gas y electricidad y operadores de productos petrolíferos) su cuota de ahorro y su equivalente económico. También actualiza el coste de contribución al Fondo Nacional de Eficiencia Energética que se incluye en el precio voluntario para el pequeño consumidor.

Establece la obligación de informar y comunicar datos para ejecutar la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 en Cataluña. También modifica el artículo 2 del Decreto-ley 12/2020, de 10 de abril, sobre medidas presupuestarias en relación con el sistema sanitario.

Establece medidas sociales extraordinarias por la COVID-19 en residencias y centros de día para personas mayores, incluyendo la actualización de precios y un complemento a la prestación económica vinculada al servicio. También crea una prestación en el ámbito de la cultura y modifica el Decreto-ley 25/2020.

Regula el procedimiento para hacer ciertos pagos de la Administración General del Estado a través de agentes mediadores. Obliga a los centros gestores a indicar en los documentos contables si los derechos de cobro son embargables o no. Sustituye a la resolución de 2016 y actualiza las referencias a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

Modifica dos circulares del Banco de España para adaptarlas a la Orden ETD/699/2020 sobre crédito revolvente. Actualiza la normativa de la Central de Información de Riesgos y la de transparencia de servicios bancarios y concesión de préstamos.

Establece las disposiciones específicas para aplicar en 2021 y 2022 los cuatro reales decretos que regulan en España los pagos directos y ayudas de la Política Agrícola Común. Modifica esos reales decretos para adaptarlos a esos dos años.

Fija los requisitos para cobrar el pago específico al cultivo del algodón en la campaña 2021/2022: qué parcelas pueden acogerse, qué variedades se autorizan y qué condiciones debe cumplir el cultivo.

Amplía hasta las 15:00 del 18 de enero de 2021 el plazo para presentar declaraciones y autoliquidaciones tributarias con domiciliación de pago cuyo plazo general terminaba el 15 de enero de 2021. Solo se aplica a contribuyentes afectados por la borrasca Filomena.

Modifica dos decretos-ley anteriores para ampliar medidas sociales y sanitarias frente a la COVID-19 en los servicios sociales. Incluye más servicios y modalidades de financiación pública, como las plazas con prestación económica vinculada, y aclara hasta cuándo se aplica el abono previsto.

Establece el procedimiento para pagar por vía electrónica diez tasas gestionadas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, como el canon de ocupación del dominio público hidráulico o el canon de control de vertidos. Fija los requisitos técnicos que deben cumplir las personas que pagan.

Modifica las reglas de las entidades de crédito que colaboran con la Agencia Tributaria en el cobro de deudas. Establece supuestos en los que estas entidades no pueden anular ni rectificar ingresos ya cobrados y añade un nuevo caso de reembolso a su favor.