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Modifica tres leyes catalanas de vivienda para afrontar la emergencia habitacional. Cambia artículos sobre el derecho a la vivienda, las medidas urgentes frente a la emergencia y la pobreza energética, y la protección de personas en riesgo de exclusión residencial.

Esta ley aprueba medidas fiscales, financieras, administrativas y de organización del sector público de la Generalidad de Cataluña para completar el marco de los presupuestos de 2022. Modifica tributos propios y cedidos, tasas, normas de contratación pública, personal y reestructuración de entidades públicas.

Establece medidas organizativas para la atención sociosanitaria en Cataluña, que combina servicios sociales y sanitarios. Modifica normas sobre contratación de servicios sanitarios y sobre la cartera de servicios sociales, y fija la gestión conjunta de esta prestación.

Regula la organización y gestión del juego de lotería reservado a la Generalitat de Cataluña. Crea la sociedad Loteries de Catalunya, SAU, que asume la actividad de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas. Ordena los ingresos públicos, el fondo de premios y la comercialización.

Crea y regula la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña, que controla el cumplimiento de los requisitos de la ayuda para morir y resuelve reclamaciones. También crea el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia para la prestación de ayuda para morir.

Modifica la Ley de la Policía de la Generalitat-Mossos d'Esquadra para tipificar como infracción determinadas conductas de acoso y para describir los elementos que integran la uniformidad del cuerpo. También suspende la vigencia de los apartados 1 y 3 de la disposición transitoria séptima de la Ley del ejercicio de las profesiones del deporte.

Establece que el 85% de la recaudación de las sanciones por incumplir la normativa del primer estado de alarma por la COVID-19, denunciadas por ayuntamientos de Cataluña, se transfiera a esos ayuntamientos. También modifica varias normas sobre presupuestos, tributos, financiación y servicios sociales.

Establece que el Departamento de Justicia debe facilitar al Departamento de Salud los datos identificativos y de contacto del personal que trabaja o colabora en centros penitenciarios y centros educativos de justicia juvenil. El fin es gestionar y hacer seguimiento de las pruebas diagnósticas de la COVID-19 en estas personas.

Esta ley crea un modelo de relación entre las empresas y las administraciones públicas de Cataluña, con una Ventanilla Única Empresarial y un portal único digital. Regula cómo se autorizan, comunican y controlan las actividades económicas y los establecimientos.

La ley regula el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación en Cataluña. Fija en qué ámbitos se aplica (trabajo, educación, salud, vivienda, cultura, deporte, entre otros) y crea un organismo para proteger y promover ese derecho. También establece infracciones y sanciones.

Establece las autorizaciones de endeudamiento, avales y otras garantías necesarias para cubrir las necesidades financieras del sector público de Cataluña mientras el presupuesto de 2021 está prorrogado. La prórroga mantiene vigentes los créditos iniciales del presupuesto de 2020.

Establece una ayuda extraordinaria para entidades, empresas y autónomos que gestionan instalaciones juveniles (casas de colonias, albergues, granjas escuela, aulas de naturaleza y campamentos). También fija medidas urgentes para las cooperativas catalanas y modifica dos decretos-ley anteriores de medidas sociales y de apoyo al tercer sector social.

La ley regula la actuación de los poderes públicos de Cataluña ante la desaparición forzada de menores. Reconoce derechos a las víctimas, como el derecho a la verdad, a la tutela judicial y a la reparación. Crea una oficina de atención a las víctimas y bases de datos de afectados y de identificadores de ADN.

Crea un fondo extraordinario para ayuntamientos y otros entes locales y habilita al Consejo Catalán del Deporte para dar ayudas a instalaciones deportivas afectadas por la suspensión de apertura al público. También modifica el Decreto-ley 41/2020 sobre medidas sociales en centros educativos y actividades de ocio.

Autoriza la creación de 245 plazas del cuerpo de Mossos d'Esquadra para el año 2020 y aprueba una oferta parcial de empleo público para ese año. El objetivo es reforzar la plantilla del cuerpo de policía de la Generalitat de Cataluña.