Buscar en el BOE

Regula el procedimiento para que los pasajeros de transporte aéreo reclamen ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea sus derechos de compensación y asistencia por denegación de embarque, cancelación o gran retraso, y los derechos de personas con discapacidad o movilidad reducida. La decisión es obligatoria para las compañías aéreas y puede ejecutarse ante el juzgado de lo mercantil.

Crea el órgano administrativo que certifica si los gastos del programa de apoyo al acontecimiento "Programa Deporte Inclusivo II" se ajustan a sus objetivos. El programa dura del 1 de julio de 2021 al 30 de junio de 2024 y da lugar a beneficios fiscales por mecenazgo.

Modifica los supuestos en los que es obligatorio usar mascarilla durante la crisis sanitaria del COVID-19. Deja sin efecto los apartados 1 y 2 del artículo 6 de la Ley 2/2021 y regula esos casos en este real decreto. La norma entra en vigor según su disposición final.

Regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025. El bono es una ayuda al alquiler para jóvenes. El plan incluye varios programas de ayudas y actuaciones en vivienda.

Aprueba los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2022, con la totalidad de ingresos y gastos del sector público autonómico. Incluye normas sobre gastos de personal, gestión del gasto, tasas, operaciones de crédito y relaciones con entes instrumentales y entidades locales.

Modifica el Estatuto de los Trabajadores para reducir la temporalidad y reforzar la estabilidad en el empleo. Regula los contratos de duración determinada, los contratos formativos y el Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo. También adapta la normativa de empresas de trabajo temporal y de empleo.

Regula cómo incluir en braille la identificación de los medicamentos veterinarios para animales de compañía en el cartonaje exterior. Fija qué datos se imprimen (la partícula vet, el nombre y la forma farmacéutica) y cómo solicitarlo a la AEMPS.

Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

La ley crea y regula el ingreso mínimo vital, una prestación económica para personas en situación de vulnerabilidad económica. Establece quiénes pueden ser beneficiarios, cómo se calcula la cuantía, el procedimiento para solicitarla y las obligaciones de los beneficiarios.

Modifica el Real Decreto 615/2007, que regula la Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales de familiares en situación de dependencia. Cambia el cálculo del convenio especial cuando la persona cuidadora reduce su jornada laboral para atender al familiar.

Modifica la Instrucción que regula las prestaciones sociales del ISFAS, el organismo de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Actualiza su contenido para aclarar situaciones planteadas por las delegaciones y cambia el límite de las prestaciones socio-sanitarias y otras ayudas sociales.

Convoca por segunda vez ayudas directas para autónomos y empresas, financiadas por el Gobierno de España, y amplía quiénes pueden solicitarlas. También modifica las bases de las ayudas a la contratación para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

Aprueba el documento técnico que fija las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en los espacios públicos urbanizados de toda España. Actualiza la norma anterior de 2010 y regula aceras, itinerarios peatonales, cruces, mobiliario urbano, aparcamientos reservados y señalización.

Reforma el Código Civil y las leyes procesales para que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones, con apoyos en lugar de sustituciones. Sustituye la tutela por medidas como la curatela, la guarda de hecho y los apoyos voluntarios, y adapta la ley a la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad.

Prolonga los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la pandemia y mantiene las medidas de protección de las personas trabajadoras. También regula prestaciones y exenciones de cotización para trabajadores autónomos afectados por la crisis sanitaria.

Establece qué se entiende por persona con capacidad intelectual límite a efectos laborales y regula medidas de acción positiva para facilitar su acceso al empleo. Modifica varias normas para aplicar estas medidas a este colectivo.

Actualiza la composición y el funcionamiento de varios órganos colegiados del ámbito de la discapacidad y la acción social. Adapta sus normas a la nueva estructura del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Afecta al Consejo de Protectorado de la ONCE, al Consejo de Protección de Cruz Roja y a otros órganos similares.