Buscar en el BOE

Regula cuándo se entiende causada la pensión de jubilación contributiva y el ingreso mínimo vital. En la jubilación, la persona interesada puede elegir la fecha del hecho causante si cumple los requisitos. En el ingreso mínimo vital, el hecho causante es la fecha de presentación de la solicitud.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece las instrucciones para que el personal laboral fijo del IV Convenio Único de la Administración General del Estado pueda solicitar la jubilación parcial. Fija los requisitos, la documentación y el procedimiento de solicitud ante la unidad de personal correspondiente.

Establece las instrucciones para que el personal laboral fijo del IV Convenio Único de la Administración General del Estado pueda solicitar la jubilación parcial, con reducción de jornada entre el 25% y el 50%, y regula los requisitos y el procedimiento.

Aprueba el pago de una prestación extraordinaria a las personas que reciben pensiones no contributivas, Fondo de Asistencia Social, Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos y Prestación Canaria de Inserción en Canarias, por los efectos sociales de la COVID-19. También fija un suplemento extraordinario para titulares de la Prestación Canaria de Inserción en tres municipios afectados por la crisis volcánica.

El Tribunal Supremo rechaza el recurso del Abogado del Estado y anula el inciso «de seis meses» del artículo 103.3 del Reglamento del Mutualismo Judicial. Ordena publicar el fallo en el Boletín Oficial del Estado y no impone costas.

Reforma el sistema público de pensiones para mantener su poder adquisitivo y reforzar su sostenibilidad financiera y social. Modifica la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de Clases Pasivas, y crea un mecanismo de equidad intergeneracional.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 248.3 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula el cálculo de las pensiones de incapacidad permanente derivada de enfermedad común de los trabajadores contratados a tiempo parcial. Declara la nulidad parcial de ese precepto por vulnerar el principio de igualdad y la prohibición de discriminación por razón de sexo, siguiendo la doctrina de la STC 91/2019.

El Tribunal Constitucional admite a trámite una cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 248.3 de la Ley General de la Seguridad Social, planteada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. El asunto pasa a la Sala Primera del Tribunal.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 3/2021, que adopta medidas para reducir la brecha de género en el ámbito de la Seguridad Social y en materia económica. La resolución ordena publicar ese acuerdo para conocimiento general.

Reforma el complemento por maternidad en las pensiones para convertirlo en un complemento para reducir la brecha de género, que pueden cobrar también los hombres. Además modifica el ingreso mínimo vital, la incapacidad temporal del personal sanitario y amplía plazos de moratorias hipotecarias y avales públicos.

Aprueba el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de las funciones y servicios del Estado para ejecutar la legislación laboral sobre ayudas previas a la jubilación ordinaria de trabajadores afectados por despidos colectivos.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 18/2019, de 27 de diciembre, que adopta medidas en materia tributaria, catastral y de seguridad social. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

El Tribunal Constitucional resuelve una cuestión de inconstitucionalidad sobre la disposición adicional decimotercera de la Ley catalana 5/2012, que fija la edad de jubilación del personal laboral del Instituto Catalán de la Salud. La sentencia declara nula en parte esa disposición por invadir competencias del Estado en materia laboral.