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Determina qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada mediante sello electrónico, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales y qué dirección provincial resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional de Seguridad Social.

Adapta la Orden ESS/1187/2015 a los cambios del Real Decreto 1060/2022 sobre la gestión de la incapacidad temporal. Elimina la entrega de copias en papel de los partes de baja, confirmación y alta a la persona trabajadora y su presentación a la empresa. La comunicación de esos partes pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Modifica la norma que regula la gestión y control de la incapacidad temporal en sus primeros 365 días. Suprime la entrega a la persona trabajadora de la copia en papel del parte médico destinada a la empresa y su presentación por esta. La comunicación de los partes y de los datos necesarios pasa a hacerse por medios electrónicos entre la administración y la empresa.

Fija qué prestaciones de la Seguridad Social pueden resolverse de forma automatizada, cómo se reparten los expedientes entre las direcciones provinciales del INSS y qué dirección resuelve las pensiones cuando se aplica un convenio internacional. Sustituye a la resolución de enero de 2022.

Crea un fondo de compensación para las personas que sufren enfermedades causadas por el amianto. El fondo paga compensaciones sin necesidad de demostrar culpa y se financia con recursos económicos previstos en la ley. Regula quiénes pueden beneficiarse y cómo se tramitan las solicitudes.

Modifica la Resolución de 14 de enero de 2022 del Instituto Nacional de la Seguridad Social para incluir el ingreso mínimo vital entre las prestaciones cuya resolución puede adoptarse de forma automatizada. También cambia el reparto de expedientes entre direcciones provinciales y fija cuál es competente en pensiones con convenios internacionales, incluido el de Senegal.

Establece qué prestaciones de la Seguridad Social puede resolver el Instituto Nacional de la Seguridad Social de forma automatizada, con sello electrónico. Fija criterios objetivos para repartir expedientes entre direcciones provinciales y determina qué dirección provincial reconoce pensiones con normas internacionales.

La ley aprueba los Presupuestos Generales del Estado para 2022: fija los ingresos previstos y autoriza los gastos del Estado y de los organismos que dependen de él. También regula la gestión de esos gastos, el personal público, las pensiones, la deuda pública, algunas normas tributarias y la financiación de comunidades autónomas y entidades locales.

Modifica varios reales decretos sobre la Seguridad Social para adaptar la estructura y las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y el Ministerio de Inclusión. Actualiza el reparto de competencias en incapacidades laborales y en la gestión de prestaciones, y suprime funciones informáticas de la Secretaría General.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 25/2021, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social. Se ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Autoriza un crédito extraordinario de 5.012 millones de euros para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social por el impacto del COVID-19 y financiar las prestaciones. También regula la financiación de ampliaciones de crédito del Servicio Público de Empleo Estatal y establece que ciertas ayudas públicas no tributen en el IRPF ni en el Impuesto sobre Sociedades.

El Tribunal Constitucional admite a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos y disposiciones del Real Decreto-ley 20/2020, que establece el ingreso mínimo vital.

Amplía hasta el 30 de junio de 2021 el periodo en que el control financiero permanente es la única modalidad de control para reconocer el derecho y la obligación de los expedientes del ingreso mínimo vital. El acuerdo surte efectos desde el 1 de enero de 2021.

El Congreso de los Diputados aprueba la convalidación del Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo, y ordena su publicación. La norma había sido publicada en el Boletín Oficial del Estado el 30 de septiembre de 2020.

Prórroga y regula los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) vinculados a la COVID-19, con medidas extraordinarias de protección por desempleo y apoyo a los trabajadores autónomos. Incluye también medidas sobre bono social y aranceles notariales y registrales.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece el ingreso mínimo vital. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Crea el ingreso mínimo vital, una prestación económica estatal para personas y hogares en situación de vulnerabilidad económica. Regula quiénes pueden cobrarla, cómo se calcula la cuantía, cómo se solicita y cómo se controla.