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El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula el Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas, tecnologías y procedimientos atendidos en centros de referencia que se compensan con cargo a ese Fondo.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas y procedimientos atendidos en centros de referencia que se compensan con cargo a ese Fondo.

Crea nuevas categorías de personal estatutario en el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), que gestiona la sanidad en Ceuta y Melilla. Regula los requisitos de acceso, las funciones, la jornada, las retribuciones y la incorporación a las plantillas de esas nuevas categorías.

Regula la organización y el funcionamiento del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), entidad pública que gestiona servicios sanitarios de la Seguridad Social. Define sus competencias, sus servicios centrales y territoriales, y sus órganos de participación.

Crea la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) y regula su composición y funcionamiento. También establece el procedimiento para acreditar las actividades de formación continuada de los profesionales sanitarios que trabajan en su ámbito.

Actualiza los anexos I, II y III del Real Decreto 1207/2006, que regula la gestión del Fondo de cohesión sanitaria. Estos anexos recogen las patologías, técnicas y procedimientos atendidos en centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) que se compensan con cargo a ese Fondo.

Regula el trabajo a distancia y el teletrabajo en las empresas. Establece que debe haber un acuerdo escrito entre empresa y persona trabajadora, y fija derechos como formación, equipos, compensación de gastos, horario flexible, desconexión digital y protección de datos.

Declara de contratación centralizada estatal determinados medicamentos, productos sanitarios y servicios sanitarios. Reúne en una sola orden el contenido de dos órdenes anteriores de 2014 y actualiza la lista de productos sanitarios incluidos.

Crea las Comisiones de Garantía y Evaluación de la ayuda para morir en Ceuta y Melilla, y regula su composición, funciones y forma de funcionar. Estas comisiones revisan y garantizan el procedimiento previsto en la Ley Orgánica 3/2021, de regulación de la eutanasia.

El Consejo de Ministros toma conocimiento de que los centros del IMSERSO que estén disponibles pueden ponerse a disposición del Sistema Nacional de Salud y de los servicios sociales mientras dure la emergencia sanitaria de la COVID-19. La puesta a disposición se hace a petición de las comunidades autónomas o de INGESA y con cargo al presupuesto del IMSERSO.

El Congreso convalida el Real Decreto-ley 29/2020, que establece medidas urgentes sobre teletrabajo en las Administraciones Públicas y sobre recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para afrontar la crisis sanitaria de la COVID-19. Ordena su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Regula el teletrabajo como modalidad de trabajo a distancia para las empleadas y empleados públicos, y establece medidas excepcionales de contratación de personal sanitario para reforzar el Sistema Nacional de Salud durante la crisis de la COVID-19.

Modifica la Orden SND/234/2020 sobre medidas de contención e información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Suprime el apartado séptimo y cambia el anexo I, que fija qué datos epidemiológicos, de capacidad asistencial y de recursos materiales deben enviar las comunidades autónomas y los centros hospitalarios.

Modifica la orden anterior sobre información al Ministerio de Sanidad durante la crisis del COVID-19. Amplía qué centros deben enviar datos, añade un procedimiento de envío por correo electrónico y fija plazos y contenidos de la información epidemiológica, de capacidad asistencial, de material y de personal.