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La Resolución establece los precios públicos que el Instituto de Salud Carlos III cobra por prestar servicios y realizar actividades a través de sus centros nacionales. Sustituye la regulación anterior de 2019 y sus modificaciones.

Concede una subvención directa a la Asociación Española para el Registro y Estudio de Malformaciones Congénitas (ASEMERAC) para desarrollar sus funciones y el Estudio Colaborativo Español de Malformaciones Congénitas. El Instituto de Salud Carlos III gestiona la ayuda y fija las condiciones de concesión, pago y justificación.

Modifica las bases reguladoras de las ayudas de la Acción Estratégica en Salud del Plan de Recuperación. Amplía el plazo de ejecución de las actuaciones hasta el 30 de junio de 2026 y el de justificación hasta el 30 de septiembre de 2026.

Modifica el artículo 27 de la Orden CNU/709/2024 para añadir conceptos presupuestarios a los que se puede imputar la financiación de las ayudas para Unidades de Investigación Clínica del PERTE para la Salud de Vanguardia. Entra en vigor el día siguiente al de su publicación.

Establece las bases reguladoras para conceder ayudas a la investigación en salud dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2024-2027. Regula quién puede recibir las ayudas, qué gastos se cubren, cómo se solicitan y se resuelven, y cómo se justifican y controlan.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. Anula varios apartados de los artículos 2, 6 y 8 en lo que se refieren a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una administración autonómica.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de la Asociación de Víctimas de la Talidomida contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida entre 1950 y 1985. Anula los artículos 2 c), 6.1 h) y 8.2 en la parte que aplican el procedimiento a quienes ya fueron reconocidos como afectados por una comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo corrige un error en la sentencia de 25 de junio de 2024 sobre el recurso contra el Real Decreto 574/2023, que regula las ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España entre 1950 y 1985. La corrección anula los artículos 2.c), 6.1.h) y 8.2 en la parte que se aplicaban a quienes ya habían sido reconocidos como afectados por una Administración.

Aprueba las bases reguladoras para conceder ayudas a la creación y desarrollo de Unidades de Investigación Clínica, en el marco del PERTE para la Salud de Vanguardia y del Plan de Recuperación. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2024.

Aprueba los nuevos Estatutos de la Fundación F.S.P. Instituto de Cultura Gitana, que regulan su naturaleza, fines, órganos de gobierno y régimen económico. La fundación está adscrita al Ministerio de Cultura y Deporte y trabaja en la promoción de la historia, la cultura y la lengua gitanas.

Aprueba el Estatuto de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), que pasa a ser el organismo público que elabora y ejecuta las políticas de lucha contra el dopaje. También modifica los estatutos del Consejo Superior de Deportes y del Instituto de Salud Carlos III.

Establece las bases para conceder ayudas a la investigación en salud dentro de la Acción Estratégica en Salud del Plan Estatal de I+D+I 2021-2023 y del Plan de Recuperación. Regula quién puede recibirlas, los gastos cubiertos, el procedimiento de solicitud y concesión, el pago y la justificación.

Modifica el anexo de la Resolución de 3 de abril de 2019 del Instituto de Salud Carlos III para añadir nuevos servicios y sus precios públicos. Los servicios añadidos son pruebas de detección del coronavirus SARS-CoV-2 y de anticuerpos contra él, realizadas por el Centro Nacional de Microbiología.

Regula la concesión directa de ocho subvenciones a entidades que desarrollan proyectos de investigación e innovación, entre ellas varias universidades y fundaciones. Establece el procedimiento, las obligaciones de las entidades beneficiarias, la cuantía, el pago y la justificación.