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Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de desarrollo experimental que impulsen el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2025.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Regula cómo se concede apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de intereses (CARI). El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo puede autorizar estos convenios, que las entidades financieras firman con el ICO. Sustituye a la Orden ECC/488/2016.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 9 de agosto de 2021 y los préstamos se pueden formalizar hasta el 9 de septiembre de 2021.

Establece cómo pueden adherirse las comunidades autónomas al compartimento Fondo de Liquidez REACT-UE del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas y fija las condiciones financieras de los créditos de 2021. Este fondo les da liquidez para ejecutar los proyectos de la ayuda europea REACT-UE.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para pagar el alquiler de la vivienda habitual, dentro de la línea de ayudas COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 31 de mayo de 2021 y los préstamos formalizar hasta el 30 de junio de 2021.

Amplía los plazos para pedir y firmar los préstamos avalados y subvencionados por el Estado para inquilinos de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de noviembre de 2020 y la firma de los préstamos hasta el 31 de diciembre de 2020.

Define los criterios y requisitos que deben cumplir los inquilinos de vivienda habitual para acceder a préstamos avalados por el Estado y con gastos e intereses subvencionados, destinados a pagar el alquiler. Regula las condiciones de los préstamos, la presentación de solicitudes, el pago al arrendador y el control de las ayudas.