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El real decreto-ley establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye normas frente a la especulación, la suspensión de desahucios de personas vulnerables, cambios fiscales y la creación de un parque público de vivienda.

Establece medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. Incluye la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, cambios en el alquiler, medidas fiscales y la creación de un fondo y una cuenta de ahorro para financiar vivienda.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 22/2026, que aprueba medidas urgentes sociales y económicas de apoyo a la ciudad de Ceuta. La convalidación se hace conforme al artículo 86.2 de la Constitución.

Aprueba medidas urgentes de apoyo económico y social a Ceuta tras la entrada irregular de personas migrantes a finales de julio. Incluye ayudas directas a empresas y autónomos, rebajas fiscales, líneas de avales y créditos extraordinarios para reforzar servicios públicos, acogida, sanidad, seguridad y empleo.

Modifica el Reglamento del Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), que apoya la exportación y la inversión de empresas españolas en el exterior. El cambio busca que el FIEM pueda financiar proyectos de reconstrucción de Ucrania, en coordinación con la Oficina Española para la Reconstrucción de Ucrania.

Establece las bases para conceder ayudas a proyectos de desarrollo experimental que impulsen el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Además, abre la convocatoria de estas ayudas para el año 2025.

Aprueba medidas urgentes para la recuperación tras la DANA de octubre y noviembre de 2024. Incluye préstamos y avales del ICO, apoyo a la industria y el turismo, aplazamientos de cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas frente a inundaciones y subvenciones al sector cultural.

Establece las condiciones del Mecanismo Reinicia+ FOCIT DANA para financiar con préstamos a empresas turísticas afectadas por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El mecanismo está dotado con 200 millones de euros y lo gestiona el ICO.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación concedida a empresas por entidades financieras. El Instituto de Crédito Oficial gestiona estos avales, que cubren el capital impagado de cada operación. Se enmarca en las medidas de respuesta a la amenaza arancelaria de Estados Unidos.

Establece las condiciones del segundo tramo de avales públicos para financiación de pymes y autónomos afectados por la DANA de octubre y noviembre de 2024. El tramo asciende a hasta 240 millones de euros y el Instituto de Crédito Oficial subvenciona los intereses de esa financiación avalada.

El Congreso de los Diputados convalida el Real Decreto-ley 7/2024, que recoge medidas urgentes para responder a los daños causados por la DANA entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024 en varios municipios. La convalidación permite que esas medidas sigan en vigor.

Establece las condiciones del primer tramo de una línea de avales públicos de 1.000 millones de euros para financiación a hogares, empresas y autónomos afectados por la DANA. También ordena al ICO ampliar el plazo de los avales ICO COVID e ICO Ucrania cuando los préstamos estén suspendidos por el Real Decreto-ley 6/2024.

Establece medidas urgentes para responder a los daños de la DANA de octubre y noviembre de 2024 en varios municipios. Incluye actuaciones en energía, impuestos, industria, agricultura, vivienda, empleo, Seguridad Social, educación, cultura, transportes y protección de colectivos vulnerables.

Amplía hasta el 31 de diciembre de 2024 el plazo para conceder avales públicos a la financiación de empresas y autónomos, dentro de la línea creada por el Real Decreto-ley 6/2022 para responder a la guerra en Ucrania. También amplía los plazos de solicitud y concesión de avales para pesca, acuicultura y agricultura.

Establece las condiciones del tercer tramo de la línea de avales públicos para financiación de empresas y autónomos, dotado con 4.500 millones de euros y gestionado por el ICO. También amplía plazos de solicitud y concesión de avales anteriores y regula su reasignación entre regímenes de ayudas.